El Gobierno afirma que sólo precisa residencias un tercio de los 16.000 ancianos que las solicitan

Dieciséis mil ancianos, el 62% inválidos, han solicitado una plaza en las residencias de la Comunidad de Madrid. Pero según un informe elaborado por el Gobierno regional sólo un tercio de ellos necesitan ingresar en un geriátrico público por su penuria económica y su falta de autonomía. El resto, según la Consejería de Servicios Sociales, precisa ayudas sociales (centros de día, atención domiciliaria...), pero no el internamiento, o ha solicitado un geriátrico por si su estado empeora aunque ahora no lo necesita. PSOE e IU creen que "los baremos se aplican de forma restrictiva para ocultar la falta de plazas".

Cualquier madrileño que tenga más de 65 años, esté domiciliado en la región y no padezca una enfermedad infecto-contagiosa puede acceder a la lista de espera de las residencias públicas, independientemente de su grado de necesidad. Pero todas las solicitudes se bareman teniendo en cuenta la situación económica del mayor, su estado de salud o sus condiciones para vivir sólo. A partir de la puntuación obtenida, el peticionario estará en un lugar u otro de la lista de espera. Es decir, tendrá mayores o menores posibilidades de ingresar en una de las 10.682 plazas geriátricas públicas de la región.La Dirección general del Mayor establece cuatro niveles de necesidad según la puntuación obtenida. Así, según esos datos, hay 4.227 solicitantes (3.322 capaces de valerse por sí mismos y 905 inválidos) con menos de 75 puntos por lo que la Comunidad considera "que no requieren atención en una residencia pública".

Portavoces de la Dirección explican que hay personas que solicitan plaza en una residencia, aunque en ese momento no la necesiten, de forma preventiva por si sus condiciones empeoran en un futuro. "Un dato muy revelador es el elevado porcentaje de solicitantes de plaza en residencias para ancianos válidos que no acuden al reconocimiento médico previo a la adjudicación: en 1999 supusieron un 55,63%", explican.

Otros 6.103 mayores (1.924 autónomos y 4.179 necesitados de asistencia) tienen de 75 a 100 puntos. Eso significa para el Gobierno regional "que su grado de necesidad social es ligero por lo que está más indicada para ellos la utilización de recursos como los centros de día (ambulatorios) y la ayuda a domicilio, que les permitan seguir en su entorno habitual".

A partir de los 100 puntos se considera que el solicitante tiene necesidad de una plaza en una residencia pública. En esa situación se encuentran 5.548 ancianos, practicamente todos incapaces de valerse por sí mismos. La Comunidad reconoce que hay 482 cuya situación es de "grave necesidad".

Nivel de ingresos

Carmen García Rojas, diputada regional del PSOE, se muestra escéptica ante los datos del Gobierno regional. "Para entrar a una residencia pública tiene más peso el nivel de ingresos del anciano que, por ejemplo, los informes de los trabajadores sociales que contemplan otros aspectos como la vivienda o la soledad del mayor", explica esta parlamentaria que ostentó la concejalía de Servicios Sociales de Getafe durante diecíséis años.

"Es lógico que las personas más necesitadas tengan prioridad, pero hay mayores con unos ingresos un poquito más altos que quedan fuera porque la escasez de plazas lleva a aplicar el baremo de forma restrictiva, no porque no precisen de un geriátrico público", añade. "Los mayores piden plaza en una residencia cuando lo necesitan y no antes como previsión; de hecho, la mayoría de los peticionarios tienen más de 75 años por lo que cabe pensar que ya tienen el problema encima", concluye la diputada.

Caridad García, parlamentaria de IU, también recela de los datos oficiales sobre la lista de espera. "Los trabajadores sociales que deben elaborar los informes sobre la situación de los solicitantes no dan abasto y a veces el resultado no es todo lo exhaustivo que debiera. Eso hace que al final los aspectos económicos sean los que más pesen", asegura. "Lo habitual es recurrir a las residencias en el último extremo, no con antelación, como dicen", apostilla.

El Gobierno regional no descarta que en la lista de espera estén incluidos ancianos ya fallecidos. Es poco frecuente que los familiares avisen del óbito y la única información sobre fallecimientos que recibe la Dirección del Mayor es la que le envía la consejería de Hacienda.

De las 10.682 plazas geriátricas de la región una cuarta parte están concertadas con centros privados. En su anterior legislatura el gobierno de Ruiz Gallardón no construyó ninguna residencia nueva, sólo concluyó las iniciadas y concertó plazas con los privados.