Los concejales de Sevilla se ausentaron del acto por las víctimas del derrumbe del muro del Bazar España Los familiares de los cinco fallecidos hace un año se quejan de abandono institucional

Ni un solo edil del Ayuntamiento de Sevilla asistió el pasado 31 de diciembre a la concentración para recordar a las cinco víctimas mortales por el derrumbamiento de un muro del Bazar España, cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia. Familiares y amigos de los fallecidos, tras rezar unas oraciones y realizar una ofrenda floral, recriminaron la ausencia de representantes municipales, tras la batalla política que se ha organizado en torno al pago de las indemnizaciones: "Los políticos en vez de ponerse en nuestro lugar se dedican a disputarse la alcaldía".

A la misma hora en la que ocurrió el accidente -las cuatro de la tarde- alrededor de 200 personas, entre familiares y amigos, se concentraban en la avenida de Miraflores, donde estaba la parada de autobús en la que esperaban las cinco personas que murieron sepultadas tras la caída de la tapia del Bazar España el 31 de diciembre de 1998.Un año después sus familias, entre el dolor y el desamparo, observan como la razón de su sufrimiento se ha convertido en un arma de lucha política que de momento ha acabado con la dimisión del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, el andalucista Mariano Pérez de Ayala, y ha puesto en entredicho el pacto municipal de gobernabilidad entre PSOE y PA.Los fallecidos fueron Ana María Barroso, de 17 años; María Pruaño, de 25; Encarnación Ramírez, de 39; Tomás Carranza, de 52, e Irene Moreno, de 22. El destino hizo que el marido de esta última, bombero, descubriera el cadáver de su mujer cuando se realizaban las actuaciones de rescate.

Muy cerca de donde se realizó la ofrenda floral cinco sillas vacías recordaban a los fallecidos. En cada una había un clavel junto a un cartel con el lema: "Cinco víctimas, cinco familias destrozadas que no quedan en el olvido".

Entre la indignación y la incomprensión, las familias de las víctimas reprocharon, tras el acto de homenaje a sus seres queridos, que ningún miembro de la Corporación municipal asistiera a este acto. Charo Sánchez, prima una de las fallecidas, Irene Morenos, declaró: "Llevamos viviendo durante todo un año una pesadilla, en el que no ha habido día en el que no nos preguntemos por qué pasó. Y ahora los políticos en lugar de ponerse en nuestro lugar, sólo se pone el PSOE en contra del PA y viceversa".

La parcela tenía como propietarios al Ayuntamiento de Sevilla y a la inmobiliaria Osuna, que están denunciados en los juzgados. En la actualidad esta empresa constructora está levantando un edificio de varias plantas en la parcela del muro que provocó la catástrofe.

Responsabilidades

Charo Sánchez acusó al Ayuntamiento de lo ocurrido: "Estamos igual que hace un año o peor, porque al dolor se suma la impotencia por ver cómo se olvida el verdadero asunto y todo se centra en disputas por la alcaldía. Nosotros queremos responsabilidades, porque a mi prima no la mató esa tapia, sino el dinero que costaba derrumbarla, y le arrebataron el futuro por una irresponsabilidad".

La portavoz de las familias, Ana Albarrán, y madre de una de la fallecidas Ana María Barroso, desconfía de la decisión del alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, por la que ha ordenado la apertura de un expediente para indemnizar a las familiares y que ha desatado una crisis de gobierno en el consistorio sevillano. "¿Por qué ahora, un año después de la tragedia?", se pregunta. Además, para Albarrán no es sólo una cuestión económica. "No se trata sólo de dinero, sino del dolor de unas familias destrozadas para toda la vida. Y encima el Ayuntamiento se niega a reconocer su responsabilidad. No podemos perdonar".

La decisión del alcalde de abrir expediente de responsabilidad patrimonial para pagar a los familiares de las víctimas no implica el reconocimiento de culpabilidad por parte del consistorio ni la paralización del proceso judicial que se está llevando acabo, "a no ser que los abogados de cada parte así lo acuerden" explico Monteseirín. Los abogados de los familiares establecieron que una indemnización justa debería rondar los 50 millones de pesetas.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, Manuel Gómez Lobo, explicó que, en un informe encargado por los familiares, los peritos demuestran que el muro no reunía las condiciones necesarias de seguridad.

"El informe, que ya se ha depositado ante el juez, confirma que se trató de una negligencia de la Gerencia de Urbanismo, ya que si el muro no reunía las mínimas condiciones de seguridad, era su obligación demolerlo", comentó Gómez Lobo. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla se ha personado en el caso como acusación particular.