El fiscal denuncia a la ONCE por no afiliar a dos niños extranjeros invidentes

VIENE DE LA PÁGINA 1 El fiscal de menores advirtió al representante de la ONCE de que llevaría ante los tribunales a la organización si no les escolarizaba y, además, les afiliaba.

El informe en el que se basó el fiscal para exigir la intervención de la ONCE, elaborado el pasado junio, pone de manifiesto que S. F., de 12 años, "necesita aprender técnicas de lectoescritura braille, de orientación y movilidad (...) y aprender el idioma español". El informe destaca que S. F., oriundo de Irán, nunca ha estado escolarizado, ya que "su ceguera y la falta de medios económicos le impidieron el acceso a las aulas de su país de origen". Sus padres se hallan en Irán y él vive desde hace unos años en Madrid con un hermano de 26 años que ha solicitado asilo político. El informe sobre S. F. concluye: "Teniendo en cuenta que se trata de un niño de 12 años en el que concurren las circunstancias de edad avanzada (12 años), dificultades de inserción educativa por desfase escolar muy significativo (total falta de conocimientos escolares y del idioma español), además de su ceguera, creemos necesario que se le escolarice temporalmente en un centro específico de Deficientes Visuales y Ciegos, y que, cuando haya adquirido las habilidades básicas para un acción autónoma (...), pase a un centro normal de integración".

De D. N., la menor de ocho años y de nacionalidad rusa, el informe revela que también está ciega totalmente y que su "capacidad de respuesta" a los estímulos es la de "una niña de cuatro años". Sus padres han estado alojados en el Centro de Refugiados de Alcobendas, tras haber sufrido persecuciones políticas en su país. Esta familia, señala también el informe, "ha sufrido aislamiento y persecución política", por lo que la pequeña necesita una atención y cuidados especiales.

La ONCE, según reconoció ayer su director de relaciones internacionales, Rafael Mondaca, ha facilitado ya a los dos menores, a instancia de la fiscalía, una plaza escolar en uno de sus cinco centros, pero lo que no está dispuesta a hacer, comentó, es "a afiliarles a la organización".

Rafael Mondaca subrayó ayer que afiliar a estos menores a la ONCE supone vulnerar su estatuto, el cual establece como requisitos para la afiliación ser español y tener sólo un 10% de visión. "Que el Ministerio del Interior, la Comunidad, quien sea, les dé el pasaporte español y entonces no habrá ninguna pega", señaló Mondaca. "Si tienen que intervenir los tribunales, que lo hagan, y que indiquen qué es lo que se debe hacer en estos casos, porque el goteo de inmigrantes que acuden a la ONCE pidiendo asistencia no cesa, y no es cuestión de poner en peligro el sistema".

El Convenio de Derechos del Niño impone a los países firmantes la obligación de escolarizar a los niños hasta los 12 años, sean de la nacionalidad que sean, por el mero hecho de vivir en uno de los países firmantes. Estar afiliados a la ONCE supondría a estos menores un nivel de prestaciones que excedería de los 12 años.

"La afiliación significa garantizarles de por vida medios docentes, y no sólo hasta los 12 años como establece el convenio, y un trabajo, garantizarles una calidad de vida", señala Mondaca. "Nosotros no nos oponemos a eso, pero ello implicaría un debate más amplio. En el fondo hay un problema de recursos, por eso tendrían que sentarse las administraciones implicadas, incluidas las autonómicas, y asumir cada una su cuota de responsablidad", destaca el director de relaciones internacionales de la ONCE.

La Fiscalía de Menores de Madrid, ante la fehaciente negativa de la ONCE a afiliar a estos niños, ha puesto ahora los hechos en conocimiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y reclama que intervenga y soluciones el problema.

En la ONCE se teme que asociar a estos niños siente un precedente. Mondaca calcula en unos tres millones de pesetas anuales la escolarización de un niño en cualquiera de los cinco centros educativos que posee en Madrid, Alicante, Barcelona, Pontevedra y Sevilla, con un aforo total de 650 plazas.

"Tres millones anuales"

"Si se calcula que en España hay unos 100.000 extranjeros, la estadística dice que unos mil pueden tener problemas de visión o minusvalías; nosotros, con los medios que tenemos, no podemos atenderlos, por eso digo que es un asunto que trasciende de la ONCE y necesita la intervención de las administraciones". "Estos niños no necesitan estar internados; con régimen de media pensión tienen suficiente; y eso cuesta poco dinero al año; desde luego, mucho menos de tres millones de pesetas", subrayan fuentes de los servicios sociales.

Hace varios meses, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, advirtió al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) de que le demandaría si no facilitaba una cartilla sanitaria a los hijos de los inmigrantes. En este caso, el fiscal se basó también en el citado convenio internacional sobre los derechos de los niños. El Ministerio de Trabajo atendió meses más tarde esta petición y regularizó la situación sanitaria de estos niños e incluso de las inmigrantes embarazadas.