CiU acepta nombrar por consenso al director de la RTV catalana

El primer éxito de la oposición catalana después de las elecciones autonómicas no fue una derrota de CiU. Ni un empate. Llegó por la vía ambigua del consenso. El fruto del debate parlamentario sobre la situación de los medios audiovisuales públicos en Cataluña, celebrado ayer y anteayer, fue un pacto de todos los partidos para renovar el marco legal relativo a estos medios de comunicación. Lo que hizo posible el acuerdo fue que CiU aceptó consensuar el nombramiento del director general de la radiotelevisión de la Generalitat, una facultad que la legislación atribuye al Gobierno y la oposición quería trasladar al Parlamento.

Los nacionalistas de CiU no quisieron salir de este debate formando bloque con el PP y ganando las votaciones por 68 contra 67. Este recurso lo utilizaron sólo para derrotar la propuesta de los tres partidos de izquierda, que pretendían atribuir al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) la facultad de otorgar las licencias de radio y canales de televisión para emisoras privadas.Salvada esta potestad, que obligó a todos los 135 diputados a acudir a la sesión, el Gobierno de CiU negoció con PSC-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) un acuerdo global para reformar toda la legislación relativa a los medios audiovisuales públicos. Es un acuerdo que prevé cambiar el actual modelo, caracterizado por la dependencia respecto del Gobierno y los partidos, por otro que deberá caracterizarse por la independencia y la profesionalidad.

El pacto incluye plazos, que además son relativamente cortos. En cuatro meses deberá aprobarse una nueva ley del CAC, para convertirlo en la autoridad independiente encargada de la regulación de los medios audiovisuales en Cataluña. Tendrá personalidad jurídica propia, autonomía orgánica, funcional y financiera, y dispondrá de potestad sancionadora.

En seis meses deberá aprobarse también una nueva ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), la entidad que agrupa a TV-3 y las emisoras de radio de la Generalitat. Esta nueva ley deberá eliminar la dependencia respecto del Gobierno y los partidos que se ha convertido en la característica más destacada de la actual. Deberá organizar la CCRTV a partir de criterios de independencia y profesionalidad. Su consejo de administración no será, como en la actualidad, una mera reproducción de la mayoría parlamentaria, sino un órgano gestor, y sus integrantes serán expertos y gestores sometidos a un régimen de incompatibilidades.

Negociación obligada

En coherencia con este planteamiento, el acuerdo incluye también la aplicación de todos estos criterios a los servicios de comunicación locales, que a diferencia de la radiotelevisión de la Generalitat, hasta ahora controlada por CiU, está principalmente en manos de alcaldes socialistas.

La coherencia con este proyecto de reforma obligaba al Gobierno de Jordi Pujol a ceder la potestad que tiene de nombrar al director general de la CCRTV. Pero, según explicó ayer el consejero de Presidencia, Xavier Trias, CiU y PP cerraron el martes por la noche, inmediatamente después del debate, un acuerdo para que el nombramiento del director general continuara en manos del Gobierno.

Ante esta actitud, que restaba toda credibilidad a la pretendida voluntad de reforma, los tres partidos de izquierda anunciaron que se opondrían a todas las propuestas de CiU. La división entre los dos bloques, 68 contra 67, que los nacionalistas quieren evitar a toda costa, estaba garantizada. En este punto comenzó la negociación, a la que se incorporó también el PP.

El resultado fue que, por vez primera desde 1983, el próximo director general de la CCRTV no será una persona de la exclusiva confianza personal y política del presidente. Deberá obtener el consenso del Consejo de Administración de la CCRTV. Por consenso se entiende "un acuerdo superior al de dos partidos". Es decir, superior a la suma de los votos de CiU y del Partido Popular.