Tabares tiene ocasión de despejar hoy las incógnitas del "caso Ivex"

José María Tabares, director general del Ivex hasta septiembre pasado, ha sido citado a declarar hoy ante el juez de lo penal como presunto autor de un delito societario que habría ocasionado a la empresa pública un quebranto económico en torno a mil millones de pesetas. El Ivex asegura que Tabares avaló una serie de letras sin conocimiento de sus superiores para dar cobertura a una operación comercial ficticia. Tabares disfruta de una ocasión de oro para despejar las incógnitas que rodean el caso.

Carmen de Miguel, actual directora del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), compareció ante los medios el pasado 16 de noviembre para anunciar acciones judiciales contra su predecesor en el cargo. Según la versión oficial, Tabares habría prestado su firma como máximo responsable de una empresa pública de la Generalitat para avalar una serie de operaciones comerciales ficticas entre una empresa tunecina, Sonotube, y otra belga, Graficom, ambas propiedad del ciudadano francés Jean Luc Lagier.De Miguel explicó que el Ivex tuvo conocimiento de la operación cuando varias entidades financieras acudieron a la institución pública en su calidad de avalista para reclamar el pago de los efectos comerciales que Sonotube había descontado y Graficom no había satisfecho. El volumen de las operaciones ascendía a 1.331 millones de pesetas, pero el propio Lagier se comprometió a dejar de descontar algunas letras pendientes y el quebranto económico se redujo a 1.049 millones, según De Miguel.

Fuentes de la Generalitat aseguran que Lagier prometió asumir la deuda, pero sólo contribuyó con 250 millones de pesetas, de modo que el agujero real sería de unos 800 millones.

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, ha reiterado que el Consell se ha limitado a actuar con la máxima diligencia ante la evidencia de un supuesto delito y ha trasladado el caso a la justicia. Cuando se formuló la denuncia, Zaplana se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos.

Tabares, que participaba en un curso de comercio exterior en una universidad japonesa, negó haberse lucrado con la operación y se prestó a aclarar todos los detalles de la misma. Pero ha evitado las comparecencias públicas y ha optado por ofrecer su versión ante el juez.

En el interín, han surgido varios puntos oscuros en torno al caso. Las relaciones del Ivex con Lagier se remontan a 1995. La entidad firmó un contrato con la empresa Ford en julio de 1995, en pleno traspaso de poderes entre socialistas y populares, que perseguía abrir el mercado tunecino a la empresa automovilística.

El Ivex se comprometió a comprar materiales industriales en Túnez y a venderlos por el mismo precio a empresas radicadas en la Unión Europea para generar derechos de compensación en favor de Ford. Por cada 100 pesetas compradas en Túnez y vendidas en la UE, Ford adquiría derechos para vender vehículos por valor de 200. El Ivex, por su parte, debía recibir una comisión acorde con las ventas de Ford.

Diego Such, entonces consejero de Industria y presidente del consejo de administración del Ivex, se apresuró a presentar públicamente el contrato y anunció que Ford podría exportar 3.000 vehículos anuales a Túnez.

El Ivex compró materiales a Sonotube durante 1996 por un valor superior a los mil millones de pesetas, según la Sindicatura de Cuentas. Un volumen superior al presupuesto global de la entidad para ese año. Y volvió a comprar en 1997 por una cantidad próxima a los 400 millones.

Las ventas tuvieron varios destinatarios en la UE, entre ellos la empresa francesa Apod, también propiedad de Lagier. Pero Apod apenas registró actividad en 1996, según el registro mercantil francés.

Ford podría haber exportado vehículos a Túnez por valor de 3.000 millones de pesetas. Pero, según datos del Ministerio de Comercio, la Comunidad Valenciana ha exportado a Túnez 249 vehículos desde 1995 por un importe en torno a 300 millones de pesetas.