Una inmigrante se querella contra el jefe de Policía "por desobedecer" al Tribunal Superior

La inmigrante nigeriana Amen Erhunmuwunse ha presentado una querella contra el jefe superior de Policía de Madrid, Julio Corrochano, por presuntos delitos de "prevaricación y desobediencia" a un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Corrochano, según la querella, pudo cometer ambos delitos al negar el permiso de residencia a Erhunmuwunse esgrimiendo, en contra de lo ordenado por el alto tribunal madrileño, que carecía de visado o exención de visado, requisito imprescindible para obtener el citado permiso.

La Sección Primera del Tribunal Superior, en un auto fechado el pasado mes de marzo, ordenó que no se tuviese en cuenta esta carencia a la hora de decidir si se otorga a Erhunmuwunse el permiso de residencia. Además, los jueces sugerían en el auto que la inmigrantes tenía posibilidades de conseguir ese permiso porque está casada con un residente en Madrid que sí disponía autorización de trabajo y residencia.Sin embargo, el jefe superior de policía, en un escrito que firmó el pasado 10 de noviembre, obvió la indicación del tribunal, según la querella, y le denegó permiso basándose precisamente en que esta mujer "carece de visado y de exención de visado". En ese mismo escrito, Corrochano, máxima autoridad policial de la Comunidad, firma que se da por enterado del auto del tribunal, pues figura en el proceso, si bien subraya que el criterio del Tribunal Supremo sobre esta materia es distinto. "Es sentir del Tribunal Supremo", expone Corrochano, "que los actos administrativos de contenido negativo no admiten la suspensión , ya que [ello] implicaría la concesión [del permiso], siquiera sea con carácter temporal, durante la sustanciación del proceso".

"Resolución incumplida"

Francisco Javier Díez Aparicio, abogado de la inmigrante, explicó ayer: "Las resoluciones judiciales hay que cumplirlas, y la policía, como ocurre muchas veces, no puede hacer de su capa un sayo. La Administración puede recurrir una decisión judicial, en este caso ante el Supremo, pero nunca incumplirla", sostiene.El auto del Tribunal Superior es claro. Ordena que no se tenga en cuenta esta carencia hasta tanto concluya todo el proceso.

Los jueces lo indican así, porque entienden que la "pretensión" de la inmigrante (obtener el permiso de residencia) "puede prosperar" dadas sus circunstancias personales y el apoyo de la legislación española al reagrupamiento familiar. Añaden que el objetivo de Erhunmuwunse "resultaría inútil si, como consecuencia de la denegación de la exención de visado, tiene que abandonar el territorio nacional". En la resolución en la que Corrochano deniega el permiso a esta inmigrante, basándose precisamente en que ni tiene visado ni exención de tenerlo, se indica, no obstante, que la chica puede quedarse en España hasta que concluya el proceso. La ley establece que, tras la denegación de un permiso, el afectado dispone de un plazo de 15 días para abandonar el país, salvo que recurra ante los jueces.

Un responsable de la Brigada Provincial de Extranjería explicó ayer que la decisión de Corrochano "respeta el auto del tribunal" en el sentido de que la inmigrante "no ha sido expulsada en tanto en cuanto se sustancia el proceso". Es decir, a pesar de que se le ha denegado el permiso, que legalmente conlleva su expulsión, "no se ha actuado contra ella precisamente por el mandato del tribunal", señala este mando policial, que agrega: "Si la afectada recurre ahora contra la denegación y los jueces le dan la razón, inmediatamente se revocaría la decisión y se le entregaría el permiso".

"Actitud grosera"

En la querella, presentada el jueves en los juzgados de la plaza de Castilla, el abogado Díez Aparicio tilda de "absolutamente grosera y ostentosa" la actitud adoptada por "la autoridad gubernativa" al intentar "suplantar a la judicial. Para cualquier lego en derecho", añade el letrado, "es una evidencia que el jefe superior se ha negado a cumplir lo ordenado por el Tribunal Superior y que para ello ha buscado una solución esperpéntica: sustituir los fundamentos de derecho que toman en cuenta los jueces por otros que le son más apetecibles, de tal suerte que dicta una resolución injusta sabiéndolo y desobedeciendo a la autoridad judicial".En la querella se pide al juez que imponga a Corrochano la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. "Mi cliente", aseguró ayer Díez Aparicio, "encargó a nuestro despacho la redacción de una querella criminal para paliar lo que, a su juicio, era un abuso de poder por parte de la policía. Con una mayor sensibilidad hacia la problemática de la reagrupación familiar de los inmigrantes, no se habría producido la querella", remató.