El juicio quedará para sentencia la segunda semana de diciembre
El juicio oral del caso Banesto quedará visto para sentencia antes del próximo 15 de diciembre. Ayer, tras concluir su informe la defensa del acusado Arturo Romaní, comenzó a exponer el letrado Jesús Castrillo, en representación de Rafael Pérez Escolar, quien terminará el próximo miércoles, día 24. El tribunal había fijado señalamientos de sesiones para los informes definitivos hasta el lunes 29 de noviembre, pero deberá ampliar los días previstos para celebrar varias sesiones adicionales.El letrado José Rofes negó ayer que su cliente Romaní tuviera participación en las Operaciones Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor ni que las mismas revistan el carácter de estafas.
El letrado señaló que a la vista de los argumentos de las acusaciones "en todo caso, quien podría reunir la condición de autor serían los señores del grupo García Pardo, quienes dieron los datos y la información a la Comisión Ejecutiva de la Corporación Industrial Banesto". El abogado dijo que Romaní "no puede ser castigado" por estas operaciones, ya que tampoco los responsables del grupo García Pardo "han sido acusados". En ninguno de ambos casos, explicó, tuvo lugar perjuicio para Banesto.
Operación Carburos
Por otra parte, la Operación Carburos -presunta apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas- fue en la opinión del citado letrado una "operación tripartita entre la multinacional Air Products, Banesto y el financiero Jacques Hachuel".La participación de Romaní, según dijo, tuvo lugar en la fase anterior, con la recompra de una emisión de warrants (derechos sobre acciones) a una sociedad participada por Hachuel llamada Euris. El abogado manifestó que había una prueba contra Romaní en este caso, pero subrayó que carecían de relevancia penal.
Al abordar el capítulo del grupo Euman-Valyser, el letrado dijo que Romaní había sido objeto de la acusación en una fase muy posterior de la instrucción por operaciones sin contenido delictivo. Y respecto delos artificios contables, atacó la posibilidad de aplicar retroactivamente el Código Penal actual por no estar vigente en el momento en que ocurrieron los hechos.
El letrado Jesús Castrillo empezó ayer su informe con una introducción en la que destacó que su cliente, Rafael Pérez Escolar, había sido objeto de una venganza del Banco de España por su "independencia" al denunciar la intervención de Banesto. Castrillo proclamó la inocencia de su cliente en la Operación Centro Comercial Concha Espina.
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