Una agente con doble vida

El Tribunal Supremo ve hoy el recurso de la primera mujer expulsada de la Guardia Civil, acusada de prostituirse De día, guardia civil; de noche, prostituta de lujo. Al menos, eso es lo que determinó la unidad de Asuntos Internos del instituto armado. Como consecuencia del expediente gubernativo abierto al efecto, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, ordenó hace un año su expulsión a pesar de que, incluso en el supuesto de que fuera cierta, su conducta no es delictiva. Eso sí, el caso no está cerrado: el Tribunal Supremo ve hoy el recurso presentado por la afectada. Si fallase que la decisión del Gobierno tiene fundamento y es ajustada a derecho, la agente quedaría confirmada como la primera en ser separada del cuerpo fundado por el duque de Ahumada desde que hace once años se produjera la incorporación de la mujer al mismo.

Un confidente informó a la Guardia Civil que la agente A., de 26 años de edad, llevaba una doble vida. El soplo, recibido a mediados de 1997, desencadenó que el director general, Santiago López Valdivielso, ordenase una investigación para aclarar si podría estar incurriendo en "conductas gravemente contrarias a la dignidad de la institución, que no constituyan delito", en referencia al artículo 9 de la Ley Disciplinaria.

La operación se puso en marcha de inmediato. Miembros de Asuntos Internos empezaron a seguir a la sospechosa. La primera noche vieron cómo, al terminar su trabajo y despojada ya del uniforme verdeoliva, se dirigió a un discreto chalé -sin estridentes luces de neón ni llamativos carteles- de la elitista colonia de El Viso, en Madrid. La segunda noche, la guardia llegó a esa vivienda a las nueve de la noche y permaneció en ellas hasta las ocho de la mañana siguiente.

Días después, y ante los indicios acumulados, el operativo policial resolvió estrechar el cerco. Varios guardias de paisano y caracterizados entraron en el local, en el que les fueron presentadas varias mujeres, entre ellas A., a las que las demás llamaban Claudia.

Noches más tarde, el equipo de seguimiento volvió a ver entrar en el chalé a su compañera. Uno de sus integrantes penetró en él. Al punto le fueron presentadas varias chicas, entre ellas Claudia, con la que subió a un discreto reservado del piso superior. Según declaró posteriormente el guardia infiltrado, la joven le facilitó una minuciosa descripción del coste de su compañía. El falso cliente le abonó supuestamente el precio mínimo, 20.000 pesetas, tras lo que se inició entre ambos una distendida conversación. Cuando la situación alcanzó mayor temperatura, el agente secreto decidió "dar por concluida la misión" y abandonó la habitación aduciendo una disculpa, según fuentes del instituto armado. Éstas consideran que ya había suficientes indicios de que la agente A. "observaba conductas gravemente contrarias a la dignidad de la institución".

Aparte del testimonio de los hombres de Asuntos Internos, el instructor del expediente tomó declaración al oficial jefe de la agente. Tanto éste como otros mandos de su unidad se refirieron a los "rumores generalizados" de que la joven "podía dedicarse a la prostitución". También hicieron notar que A. "recibía muchas llamadas en su teléfono móvil, incluso a altas horas de la madrugada". Un sargento dijo que había notado a la guardia "anormalmente cansada" en muchas ocasiones, además de haber visto una vez que tenía en su mesa "una lista de nombres masculinos".

Frente a tales imputaciones, la expedientada replicó que, en efecto, había ido en ocasiones al chalé de la colonia de El Viso. Pero no para ejercer la prostitución, alegó, sino para practicar su hob-by de esteticista, hacer limpieza de cutis y vender productos de cosmética a las mujeres que trabajan en el local.

A. jura y perjura que jamás se ha prostituido y aduce haber descubierto la existencia de ese establecimiento a través de una amiga, quien le comentó que en él tenía un buen mercado para comercializar sus productos de belleza.

La guardia expedientada insiste en que no hay pruebas contra ella e incluso pone en duda la validez del testimonio prestado por los investigadores de Asuntos Internos. Entre otras razones, dice, porque han prestado declaración encubiertos bajo un número en clave -sin que ni aun hoy se conozca su identidad-, lo que ha impedido que su versión pueda ser contrastada con la de ella. Es decir, A. se queja de que no se le haya dado la posibilidad de contradecir y replicar a sus acusadores, que, según ella, incurrieron en el tremendo error de confundirla con otra.

Fuentes de la Guardia Civil replican, por su parte, que los miembros del equipo de vigilancia reconocieron a A. "sin ningún género de dudas", puesto que la siguieron desde su puesto de trabajo hasta el chalé de la colonia de El Viso. Los mismos medios resaltan que esos agentes están "lo suficientemente entrenados para memorizar rostros" y, además, debe reconocerse "el valor probatorio" y la "presunción de veracidad" de sus declaraciones, ya que les resulta inimaginable que actúen movidos por algún tipo de animadversión.

Pese a reconocer que las declaraciones de jefes y compañeros de la guardia civil supuestamente indigna no constituyen "elementos de convicción suficientes", puestas en relación con los testimonios de los agentes de Asuntos Internos, "no vienen sino a adverar el hecho cierto de que la encartada se dedicaba a la prostitución", según fuentes del instituto armado.

Tras considerar que existen "elementos probatorios suficientes", el instructor del expediente gubernativo 79/97 concluyó que, incluso en el supuesto teórico de que sólo acudiera a la casa de citas de El Viso a vender productos de cosmética- la joven habría incurrido en una conducta sancionable "al quebrantarse ese plus de eticidad exigible a los miembros del cuerpo".

La Guardia Civil estima, en efecto, que, aunque la mujer fuese al "prostíbulo de lujo" a vender cosméticos -una actividad legítima-, "ha de reputarse marcadamente deleznable y reprochable en quien ostenta la condición de guardia civil".

Además de juzgar "indigno" que un agente pueda llevar una doble vida, el departamento de López Valdivielso sostiene que habría un riesgo evidente para la institución si se permitiera que un uniformado se relacionase libremente con las personas que suelen "pulular por los ambientes sórdidos de la prostitución". Por todo ello, Serra, ordenó en noviembre del año pasado la expulsión de la guardia.

En medio de un llanto constante, A. mantiene que los hechos que se le imputan son falsos, que no hay pruebas contra ella, que todo es fruto de una persecución y que, además, no ha habido un proceso contradictorio como establece la legislación, lo que le ha supuesto una clara indefensión. Por todo ello, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. La justicia tiene que pronunciar ahora la última palabra.