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Tribuna:

Tabares

Si sólo puede haber preguntas donde hay respuestas, que decía aquel lógico, huelga esta columna puesto que en el extraño caso de los avales del Ivex y la imputación de responsabilidad a quien precipitadamente se dio en paradero desconocido no existen, por el momento, más que interrogantes sin respuesta. Al menos sin respuestas que no sean un atropello a la razón. Comenzando precisamente por su proclamada desaparición cuando incluso en el departamento de la Facultad de Ciencias Económicas donde venía impartiendo, como profesor asociado, docencia de comercio internacional conocían desde primeros de septiembre su intención de ausentarse a Japón unos meses para seguir unos cursos de doctorado, lo cual parece ser corroborado por los hechos.Por otra parte, una cosa es que la administración -en claro reconocimiento de que su funcionamiento y normativa no son un modelo de eficiencia- cree organismos autónomos y empresas públicas para el desarrollo de aquellas actividades que requieran un mayor agilidad en la gestión o un personal altamente especializado no disponible por la vía funcionarial y que estos entes se sujeten al derecho privado en sus actuaciones. Y otra muy diferente es que esto suponga una relajación total de los necesarios controles. En el ámbito puramente administrativo es inconcebible cualquier operación de carácter económico sin que se requiera la firma mancomunada de diversos responsables y no parece que la agilidad en la gestión deba estar reñida con las mínimas precauciones cuando se trata del dinero de todos, máxime cuando las empresas públicas se rigen por reducidos consejos de administración, fácilmente convocables. Los plenos poderes de que al parecer disponía Tabares como director del Ivex no son pues ajenos a este conflicto. La falta de diligencia del consejo, corresponsable de la gestión, al que se supone conocedor de las señales de alarma emitidas desde la Sindicatura de Cuentas a partir de 1997, tampoco. Sin olvidar que las empresas públicas puede prestar avales, "dentro del límite máximo fijado con esta finalidad por la Ley de Presupuestos" y de acuerdo con su propia norma de creación, pero con el claro imperativo legal de "rendir cuentas a la Consejería de Economía y Hacienda por cada uno de los avales que concedan". Olivas y Rambla deberían también responder a algunas preguntas.

Al margen de que no podemos ignorar la importancia que la planta de Almussafes tiene en cuanto a nuestras exportaciones y al empleo industrial, no deja de ser sorprendente que para favorecer la exportación de unos 260 automóviles a Túnez, el Ivex haya debido asumir compromisos -con independencia del posible carácter fraudulento de éstos- que, unidos a los despilfarrados con Julio Iglesias, superan los dos mil millones. Si una multinacional como la Ford necesita andaderas autonómicas para moverse en los mercados internacionales que vengan los dioses neoliberales y lo vean, pero parece innegable que la razón de ser del Ivex y entes similares debería ser otro tipo de empresas y que un uso alternativo de esa multimillonaria cifra hubiera sido más positivo para nuestro tejido industrial.

Aunque esto del Ivex puede ser una simple broma comparado con lo que se está cociendo en el Instituto Valenciano de Finanzas, del cual ya es difícil saber el monto de miles de millones que viene avalando, y pagando en su momento, pero lo peor surgirá cuando consigamos romper la opacidad de sus actuaciones y sepamos a quienes están siendo destinados y sus privilegiadas relaciones con el régimen popular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de noviembre de 1999