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Entrevista:JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZJUEZ DE LO PENAL DE VITORIA

"Los jueces actuamos en función de la legalidad; los políticos, de la oportunidad"

José Miguel Martínez es, en Euskadi, uno de los jueces denominados estrella. No al estilo de los de Madrid, sino por sus actitudes e iniciativas a la hora de impartir justicia y a la de opinar sobre los asuntos que están en la calle. Entiende que ése es uno de los problemas graves de la Administración de Justicia: el desconocimiento absoluto que hay de las personas que trabajan y de los medios con que lo hacen, la falta de comunicación. Por eso, semanalmente se presta a participar en debates públicos o en un programa de radio. Este juez procede de Córdoba y, como abogado, surgió del trabajo de base, muy cercano a los que sufrieron el acoso de la dictadura: trabajadores y políticos. Recuerda especialmente algunos de los casos en los que ha intervenido: la huelga de los trabajadores de Pegaso o la defensa de un profesor de la Universidad en Madrid acusado de colaboración con ETA.Entre 1965 y 1990 trabajó ocupándose en la "defensa de quienes defendían las libertades y sus derechos". En muchos casos, sin cobrar nada a cambio: "Sobrevivía como lo hacían aquellos a quienes defendía. Trabajaba con otros compañeros porque los abogados teníamos que aportar nuestros conocimientos por la recuperación de las libertades". En 1991, cansado de Madrid, consigue un puesto de juez en Vitoria.

José Miguel Martínez muestra su habitual autocrítica: "A los jueces se nos debe exigir estar al día y permanentemente en forma, porque la quema de facultades son muchas en el aspecto físico, en el psíquico -tocas temas muy delicados- y en el moral, que es muy importante por nuestra responsabilidad en las decisiones".

Pregunta. El Libro Blanco de la Justicia señala que los españoles están muy disgustados con ella. ¿Está tan mal como se dice?

Respuesta. Nuestra situación no es tan mala. Se nos acusa de ser una administración lenta, y somos Martín Fiz comparados con los italianos; se nos acusa de haber intervenido en escándalos, y no hemos tenido los de otros países. Lo cierto, y más importante, es que si hablamos de garantías, ahora mismo en España a los ciudadanos se le respetan al máximo los derechos fundamentales, probablemente como en ningún otro lugar del mundo. Claro que hay errores y deficiencias, y que los jueces no hemos sabido ganarnos el prestigio social, pero eso puede corregirse. Lo que ocurre es que hemos pasado en unos años de unos jueces a los que se tenía miedo a otros que somos el pim-pam-pum. Pero los conciudadanos siguen confiando en la justicia. Y el problema real es que sigue habiendo un desconocimiento absoluto, y ahí la responsabilidad no sólo es nuestra.

P. Se quejan de los sueldos...

R. Va ligado a esa falta del debido respeto y prestigio social, que es lo más grave. Nuestros sueldos (en Vitoria más bajos que en Bilbao o San Sebastián) son cinco veces inferiores a los de los ingleses, tres veces que los alemanes, holandeses y belgas, e incluso muy inferiores a los italianos.

P. ¿Qué características debe tener un juez?

R. Desde luego, no basta con unos grandes conocimientos técnicos, que se sepa todos los códigos. Ocurre como con el profesor que sabe todo de la materia que imparte, pero no sabe enseñar. En nuestro caso estoy más cerca de los ingleses, profesionales de reconocido prestigio y que alardean de una máxima: para ser buen juez hay que tener una cultura media, mucho sentido común, y si además se sabe mucho de Derecho, pues mucho mejor.

P. ¿Cree que los jueces están, o pueden estar, o deberían estar colaborando para que se consolide el proceso de paz en Euskadi?

R. Como todos los ciudadanos del País Vasco, deberíamos colaborar. Otra cuestión es eso que se ha dicho de paralizar la acción de la justicia en determinadas intervenciones. Desde luego, pienso que no podemos suspender el Código Penal y dejar de aplicarlo suponiendo que hay unas conversaciones, si las hay, que no se sabe muy bien. Por tanto, oficialmente, no se puede hacer, y por una razón: los jueces actuamos en función del principio de legalidad y no funcionamos con el principio de oportunidad, que es el de los políticos. Pero hay otro aspecto. Sin paralizar el funcionamiento de la Administración de Justicia, sí se puede ralentizar o lentificar, como se ha hecho, por ejemplo, con la insumisión. Y también se podría utilizarnos para conseguir consensos de acuerdo. Yo ya lo he hecho, con buenos resultados. En esos casos he hablado con el abogado y el fiscal, tratando de encontrar soluciones intermedias de consenso, de conformidad. Se sanciona esa conducta que es ilegal, pero se sanciona quizá simbólicamente o con la pena mínima. Lo que ocurre es que eso supone un trabajo añadido y una voluntad de mediar.

P. ¿Es optimista sobre el proceso de paz?

R. Me gustaría, pero me da la impresión de que los que deberían estar más interesados en solucionar el problema y aclararlo, el Gobierno y ETA, no parece que tengan mucho interés. No comprendo ninguna de sus actitudes. La del Gobierno, por su absoluta parsimonia con respecto al tema de los presos, tema que me parece básico y que ya se tenía que haber solucionado. En función de la ley y de la justicia española, hay medios para hacerlo, y personalmente lo he señalado y defendido desde hace tiempo.

El desamparo de la víctima

Siguiendo su trayectoria de defensa de los más débiles, uno de los aspectos en que José Miguel Martínez se ha distinguido en los años que lleva en Vitoria ha sido su preocupación por las víctimas, especialmente por las que sufren malos tratos y/o de aquellas que por culpa del delito quedan seriamente dañadas física, psíquica, económica o moralmente."Las víctimas están completamente desamparadas, más aún en el caso de los menores", dice el juez. Y prosigue: "Hemos pasado de una situación en la que los ciudadanos no tenían ninguna garantía frente a un supuesto delito a otra en la que la víctima del delito es la que sufre evidente desconsideración y abandono. Hoy, el acusado tiene toda clase de garantías, superiores a la de la víctima o al querellante. Hay, además, otra parte, que es la forma de indemnizar a la víctima por los perjuicios ocasionados y resulta que aquí todo el mundo es insolvente y se dictan actos de insolvencia sin apenas información y sin investigación puntual, porque no tenemos policía judicial ni para esto ni para otras cosas tan importantes o más".

En éste, como en otros asuntos, el juez Martínez, de acuerdo con sus compañeros, ha encontrado una solución: "Un sistema de convenio con organismos oficiales estableciendo un canal para saber si esa persona es, como dice, insolvente".

En el caso de los menores, el desamparo es mayor, casi total. "En este sentido, estamos teniendo en cuenta la aportación de otros profesionales, como los psicólogos o pedagogos, pero aún así la situación es muy grave", apunta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de noviembre de 1999

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