El TSJ obliga a dos altos funcionarios de Xixona a devolver indemnizaciones cobradas indebidamente

Trifón Orduña Clemente, secretario general del Ayuntamiento de Xixona, y José Javier Gómez Gracia, ex interventor de la misma institución y hoy tesorero de la Diputación de Alicante, tendrán que devolver, íntegras, las indemnizaciones que percibieron entre los meses de agosto de 1995 y enero de 1996 en concepto de asistencia a reuniones municipales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha considerado que tales compensaciones económicas son ilegales y lesivas para las arcas públicas. La sentencia, fechada en septiembre, entiende que la asistencia a plenos y reuniones del resto de órganos colegiados municipales se incluye en el trabajo de estos altos funcionarios, y por tanto está sujeta a las retribuciones básicas y complementarias que cobran regularmente.El establecimiento de pluses de 20.000 a 25.000 pesetas para el secretario e interventor de Xixona por asistir a reuniones municipales desató en 1995 una tormenta política en la localidad, y fue uno de los detonantes para que los partidos de izquierda unieran sus votos para desalojar del poder, a través de una moción de censura, a la entonces alcaldesa Rosa Verdú, del PP, que fue sustituida por el socialista Luis Garrigós.

Tras el relevo, fue el propio Ayuntamiento el que interpuso recurso contencioso-administrativo de lesividad, aceptado ahora por el TSJ, que obliga a los dos funcionarios a devolver a las arcas locales el dinero percibido indebidamente, cuya cuantía se determinará en el auto de ejecución de sentencia, dado que existen discrepancias entre las partes al respecto.

Rosa Verdú y su equipo de gobierno mantuvieron las indemnizaciones, que aprobaron en julio de 1995, pese a que, en octubre de ese año, la entonces Consejería de Administración Pública, hoy de Presidencia, advirtió de oficio sobre la ilegalidad de la actuación. Tres meses más tarde, en enero de 1996, los dos altos funcionarios renunciaron voluntariamente a cobrar las dietas. En marzo, el nuevo gobierno local acordó en pleno declarar lesivos para el interés público los pagos verificados y exigir en los tribunales la devolución del dinero.