Dos marroquíes inician una huelga de hambre y de sed para pedir la revisión de todas sus condenas
Los dos ciudadanos marroquíes que permanecen encarcelados desde noviembre de 1991 como autores de una ola de violaciones y robos ocurridos a finales de los años ochenta en Barcelona, de los que se consideran inocentes, iniciaron ayer una huelga de hambre y de sed en la prisión barcelonesa de Brians como medida de presión para que el Tribunal Supremo revise todas las sentencias contra ellos. El Alto Tribunal ha admitido a trámite estudiar los recursos de revisión que presentaron sus abogados y en breve decidirá si practica o no las pruebas que solicitaban.
Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi están condenados a penas que suman 75 y 105 años, respectivamente, por delitos de robo, detención ilegal y violación. Diversos tribunales los consideraron culpables de acudir a los descampados frecuentados por parejas, robarles a punta de navaja y violar a la chica con gran violencia en presencia de su compañero, al que en ocasiones maniataban.Una de las sentencias dictadas contra ellos, con sendas penas de 51 años de prisión, fue anulada por el Tribunal Supremo al demostrar la prueba de ADN que uno de los verdaderos culpables era Antonio García Carbonell, quien reconoció su autoría el pasado 16 de septiembre ante un tribunal. Casi dos años después de anularse aquella sentencia el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, solicitó el pasado 30 de abril el indulto para ambos marroquíes al creer que pudo existir error judicial en todas las condenas, dictadas tras la identificación de las víctimas.
Seis meses después, el Ministerio de Justicia sigue tramitando la petición de indulto, el camino más rápido, pero no el único, para que los presos salgan de la cárcel. Hasta ahora ha trascendido que dos de los tribunales que les condenaron han informado a favor de la medida de gracia, pero quedan otros tres. Esos informes son preceptivos pero no vinculantes y serán analizados por el Ministerio de Justicia junto a los que presenten también los abogados de las víctimas. Entre ellas se encuentra una abogada, a la que ha irritado profundamente que el Colegio de Abogados de Barcelona se haya sumado a la petición de la medida de gracia.
Sin embargo, los dos marroquíes aseguran que no desean el perdón, sino un reconocimiento expreso de que la justicia se equivocó siempre con ellos, no sólo en una ocasión. Por ese motivo, sus abogados -Pedro Pardo, Jordi Claret y Xavier Castellvell- presentaron en julio al Tribunal Supremo un recurso extraordinario de revisión de todas esas condenas (véase EL PAÍS del 21 de septiembre).
Resolución pendiente
Los letrados sostienen que han aparecido nuevas pruebas que avalan la inocencia y reclaman del Supremo que acceda a practicarlas. Fuentes judiciales han explicado que el Alto Tribunal atenderá esa petición, pero formalmente no ha acordado nada. Una de esas pruebas, como informó en su día este diario, es el informe realizado por dos guardias civiles mostrando sus serias dudas acerca de la culpabilidad de los dos encarcelados. Uno de esos agentes fue quien realizó otro informe a partir del cual se dictó la sentencia absolutoria tras la prueba del ADN.
Por eso los letrados piden que se reclame a todos los hospitales y laboratorios en los que se atendió a las mujeres violadas si constan muestras o análisis de semen y sangre y si pueden ser analizados. Las defensas piden también que los dos guardias civiles declaren por esas causas y que se les encargue la investigación para aclarar la verdadera autoría. Y es que, si ambos marroquíes son inocentes y sólo está encarcelado García Carbonell, es muy probable que haya otro culpable que está en libertad.
El indulto que pueda conceder el Gobierno no hará que los abogados defensores desistan de la revisión de las sentencias. "Lo que pretendemos es una declaración total de inocencia", asegura Castellvell.
La otra vía apuntada por algunos para solucionar el caso es que la Generalitat, como Administración penitenciaria en Cataluña, les concediera el tecer grado y sólo tuvieran que acudir a la cárcel a dormir.
Pero ni el Departamento de Justicia estudia ninguna medida de ese tipo ni es posible técnicamente por la gravedad de las penas, según explican fuentes penitenciarias. A la espera de una resolución, los dos marroquíes han optado por presionar con la huelga de hambre. "Las cosas han llegado a un estado en que están a punto de reventar", afirma el abogado Pedro Pardo.
