Autorizado a ejercer de nuevo un juez expulsado por "retrasos escandalosos"

José Manuel Lizasoain, expulsado de la judicatura en 1991 por "retrasos escandalosos" e "incapacidad absoluta" para impartir justicia, ha recibido instrucciones para reincorporarse a la carrera judicial después de que en diciembre el Tribunal Supremo cambiase la sanción de separación por la de un año de suspensión de funciones. Lizasoain percibirá unos 50 millones de pesetas por las retribuciones no percibidas en estos años. Entre las vacantes a las que tendrá que optar se halla la del recientemente expulsado Javier Gómez de Liaño.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su reunión del pasado 26 de octubre, analizó el caso de José Manuel Lizasoain, antiguo juez de Leganés (Madrid), el único expulsado de la judicatura por los escandalosos retrasos acumulados durante meses debido a su "incapacidad total y absoluta" para impartir justicia. Así, vinculada por la sentencia del Tribunal Supremo, que revocó su expulsión y la dejó en un año de suspensión, acordó "declarar la aptitud" de Lizasoain "para reincorporarse a la carrera".Pero esta reincorporación se hará con condiciones: Lizasoain tendrá que "participar en cuantos concursos se anuncien para la posesión de plazas de su categoría, solicitando todas las vacantes que se anuncien hasta obtener destino en propiedad". Es decir, se le obliga a solicitar "todas" las plazas debido a que suelen quedar juzgados libres porque nadie los pide.

Al tener que optar a "todas" las vacantes, Lizasoain deberá pedir también la que acaba de dejar libre Javier Gómez de Liaño tras su expulsión de la carrera judicial por prevaricación continuada en la instrucción del caso Sogecable, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional. Éste es además uno de los destinos más cotizados por cuanto se encuentra en Madrid, apenas tiene actividad y se tiene acceso a él por rigurosa antigüedad.

Gómez de Liaño concursó a ese juzgado y lo ganó precisamente por antigüedad, pero tuvo que limitarse a tomar posesión del mismo mientras se desarrollaba su juicio. Ahora, tras su exclusión de la judicatura, acordada el pasado miércoles, esa plaza ha quedado vacante y Lizasoain tendrá que aspirar forzosamente a ella. Así, si fuera el más antiguo de los peticionarios, sería para él. Sin embargo, puede acabar en cualquier otro destino, dependiendo de las vacantes del próximo concurso.

A principios de los años 90, el caso Lizasoain fue el paradigma del retraso en las actuaciones judiciales. El juez de Leganés podía tardar entre seis y once meses en sentenciar procesos civiles; dejó recursos sin resolver durante más de medio año; mantuvo paralizadas una decena de causas penales por asuntos graves, a veces durante doce meses, y tardó un año y nueve meses en resolver una apelación de un simple juicio de faltas.

El CGPJ comprobó que el volumen de casos registrados en los tres años que Lizasoain estuvo en Leganés no podía disculpar las "graves disfunciones" constatadas en causas penales y matrimoniales "cuya repercusión social es innegable". Su conducta, definida como "una grave e inadmisible burla del derecho de tutela judicial efectiva", determinó finalmente su expulsión, la primera por estos motivos durante decenios. Posteriormente, el Poder Judicial tuvo que enviar hasta tres jueces de apoyo para desatascar su juzgado, el número 1 de Leganés.

Tiempo después, en diciembre de 1998, cuando su asunto ya estaba olvidado, una sentencia de la Sala Tercera del Supremo, redactada por el magistrado conservador Vicente Conde Martín de Hijas, devolvió a Lizasoain a la judicatura. Pese a reconocer que no existía justificación para los "incuestionables" retrasos del juez, que el número de sentencias dictadas por él fue "anómalamente reducido" y que las alegaciones de Lizasoain no resultaban "convincentes", el tribunal optó por reintegrarle a la carrera con el pretexto de que la expulsión resultaba "absolutamente insólita en la praxis del Consejo del Poder Judicial". Así, declaró nula la expulsión y la sustituyó por una sanción de un año de suspensión de funciones.

Según fuentes del Supremo, Lizasoain pidió en julio pasado la ejecución de esa sentencia. La Sala indicó entonces al CGPJ que dispusiera lo necesario para reintegrarle a sus funciones judiciales, lo que acaba de hacer la Comisión Permanente. Al tiempo, pidió al Ministerio de Justicia que le pagase las retribuciones que dejó de percibir durante los siete años en que, a su juicio, debió haber seguido en su puesto, una cantidad que fuentes judiciales estiman en unos 50 millones de pesetas.