Un príncipe demasiado mandón

Que algo no anda bien en el rico principado de Liechtenstein, que vive apacible y casi escondido entre las montañas de Suiza y de Austria, comenzó a notarse el pasado 29 de octubre, cuando el príncipe Hans-Adam II advirtió que podría abandonar su patria para exiliarse en Viena.Un día antes, el 28 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había condenado a este monarca, uno de los más ricos de Europa y con un poder político incomparable en su minúsculo país de 160 kilómetros cuadrados y 30.000 habitantes. Los jueces de Estrasburgo declararon a Hans-Adam II culpable de violar el derecho de libertad de expresión de uno de sus súbditos.

La irrevocable sentencia, aprobada con 16 votos contra uno, obliga al príncipe de Liechtenstein a pagar una indemnización por daños morales de 10.000 francos suizos (1.030.000 pesetas) y las costas judiciales, de 91.000 francos (9,3 millones de pesetas), a Herbert Wille, un juez de 55 años, presidente del Tribunal Administrativo.

Este alto magistrado, antiguo vicejefe de Gobierno, había cuestionado la Constitución, que data de 1921, al decir en un discurso público en 1995 que debería ser el Tribunal Constitucional y no el príncipe el que tuviese la última palabra. Es decir, que el Tribunal tendría que actuar de árbitro en caso de desacuerdo entre el Parlamento y el príncipe al interpretar la Constitución.

En un régimen de monarquía constitucional donde para legislar es indispensable que el monarca apruebe los proyectos de ley presentados por el Parlamento, al príncipe la declaración de Wille le pareció de por sí una violación constitucional. Hans-Adam II acusó en una carta al magistrado de no someterse a la Constitución y puso en duda sus aptitudes para ejercer un cargo público. Esta advertencia se convirtió en realidad dos años más tarde, cuando Hans-Adam II se negó a confirmar a Wille en su cargo de presidente del Tribunal Administrativo, a pesar de que había sido elegido por voto parlamentario. Contra la decisión del monarca no cabían recursos.

El Tribunal Europeo no puso en tela de juicio el poder del monarca en Liechtenstein, pero declaró que "esta injerencia no es necesaria en una sociedad democrática". Las sanciones adoptadas por el príncipe contra el magistrado se consideraron desmesuradas. También se reprobó que no se le permitiera al súbdito presentar recurso ante los tribunales, lo que indica que Liechtenstein carece de los medios acordados en la Convención Europea de Derechos Humanos para defender la libertad de expresión.

Aunque Estrasburgo le dio la razón, el juez Wille probablemente no volverá a presidir el Tribunal de Administración. Al conocer la sentencia, desde la capital, Vaduz, el príncipe se limitó a comentar que en el futuro evitará comentar las razones que lo llevan a vetar a algún magistrado.

El propósito de Hans-Adam II es, a largo plazo, una reforma constitucional que le permita nombrar jueces, destituir miembros del Gobierno y disolver el Parlamento sin dar fe de causas. En vista de que ni el Parlamento ni el Gobierno han mostrado entusiasmo por sus ideas, el monarca ansía buscar apoyo en un referéndum. Pero si persiste su amenaza de emigrar, el principado se quedará sin príncipe. Ahora, además, llueven nuevas acusaciones: los servicios secretos alemanes vinculan al principado con el lavado de dinero de las mafias.