CiU quiere ampliar la exención del impuesto de patrimonio a los empresarios familiares

Convergència i Unió (CiU) quiere liberar del pago del impuesto de patrimonio a los accionistas de empresas familiares que tengan más del 5% del capital de una sociedad. CiU ha presentado una enmienda a los presupuestos del Estado para el año 2000 que está negociando con el PP. La condición para quedar exento de tributar es que al menos el 60% del capital esté en manos de grupos familiares.Ahora están exentas de tributar por patrimonio las participaciones en empresas familiares superiores al 15% o al 20% si se tienen con familiares de hasta segundo grado.

Otra condición exigida para que los socios no tributen es que al menos un miembro del grupo familiar obtenga un mínimo del 50% de sus ingresos de la empresa afectada, según explicó un experto fiscal.El diputado de CiU en el Congreso Manuel Silva afirmó que la mejora fiscal que propone su grupo para los socios de empresas familiares se extendería en toda España al pago del impuesto de sucesiones, que tendría una bonificación del 95% en la cuota. En Cataluña la bonificación fiscal en caso de sucesión familiar en el negocio ya existe, ya que la introdujo el Gobierno catalán el año pasado.

Silva afirmó que la enmienda pretende preservar "la identidad de las empresas familiares". Fuentes de la patronal Fomento del Trabajo y del Instituto de la Empresa Familiar abundaron en el mismo argumento.Según fuentes del sector empresarial, a veces el impuesto de patrimonio empuja a los afectados a desprenderse de las acciones. Este impuesto, que deben pagar quienes poseen más de 20 millones de pesetas, es progresivo y depende del total del patrimonio.

CiU quiere negociar esta enmienda con el PP para sacarla adelante la próxima semana, pero el PP no se pronuncia sobre si la apoyará. El diputado Vicente Martínez Pujalte se limitó a decir que que su grupo la está estudiando.

Por su parte, fuentes empresariales se mostraron escépticas acerca de que el PP acepte esta reducción fiscal. Estas fuentes dijeron que el PP "no está en estos momentos por dar la sensación de que propone mejoras fiscales para determinados colectivos", y añadieron que el Gobierno ha impulsado para el próximo año mejoras fiscales para las empresas que inviertan en investigación y desarrollo, pero ha rechazado introducir mejoras fiscales para las plusvalías empresariales por operaciones de compraventa en el extranjero.

Inversión en carreteras

Por su parte, el PSOE, a través del grupo de diputados catalanes en el Congreso, ha planteado un conjunto de enmiendas a los presupuestos del Estado que proponen mejoras en la red viaria y en educación por 35.567 millones de pesetas. La diputada socialista Mercedes Aroz señaló que su grupo propone destinar 16.000 millones a mejora y construcción de centros escolares y 19.567 millones a carreteras, ferrocarriles y vivienda.

Entre las propuestas de los socialistas catalanes figura una mayor dotación en carreteras (B-30, B-40, conservación de las rondas de Barcelona y diversas vías catalanas), ferrocarriles (estación del AVE de la Sagrera y metro de Barcelona), vivienda (rehabilitación de barrios de Barcelona) y obras públicas (canalización de las rieras del Maresme, entre otras actuaciones).

Aroz aseguró que los presupuestos del Estado para el año próximo presentados por el Gobierno al Congreso ponen de manifiesto el "fracaso" del sistema de financiación autonómica pactado por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

La diputada socialista dijo que la recaudación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el conjunto de España descenderá en 100.000 millones, por lo que se deberá compensar a las comunidades autónomas -todas menos Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura- para que no pierdan ingresos. El PSC reiteró que Cataluña debe recibir en el periodo 2000-2004 una inversión en infraestructuras de 1,3 billones de pesetas, lo que supone una media anual de inversiones de 260.000 millones.