La Comunidad reduce en un 4,2% su aportación al transporte público al tiempo que sube su precio

Quejas unánimes de las organizaciones ciudadanas y ahorro para la Administración regional. Eso ha provocado la subida de los transportes públicos en un 3,85% para el año que viene (casi el doble de la inflación prevista, el 2%). La decidió el miércoles por la noche el Consorcio Regional de Transportes, del que forman parte el Ayuntamiento, la Comunidad y la Administración central. Todos pagarán más, salvo el Gobierno autónomo, que reducirá en un 4,2% su aportación al coste de la locomoción. El Estado pagará un 20,1% más, y el Ayuntamiento, el 8,5% más.

Todos, usuarios y administraciones, pagarán más el año que viene por el transporte madrileño, excepto el Gobierno regional, que, no obstante, se mantiene como la principal fuente de financiación.Según el anteproyecto de presupuestos para el año 2000 del Consorcio Regional de Transportes, aprobado anteanoche, los ciudadanos pagarán un 3,85% más de media por tomar el autobús o el metro el año próximo. El consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis Eduardo Cortés, justificó el aumento con dos motivos: la mejora y ampliación de la red de metro y la exigencia del Gobierno central de que los ciudadanos aporten un mayor porcentaje del coste de explotación a cambio de aumentar la asignación estatal.

Cortés, presidente del consorcio, señaló el miércoles que el incremento de la financiación de las tres administraciones implicadas (central, autónoma y municipal) sería del 6,5% en total, pero no matizó que tras ese aumento medio se esconde un descenso en la aportación de las arcas regionales.

Según el anteproyecto aprobado anteayer, la Comunidad de Madrid reducirá el año que viene en un 4,2% su financiación al consorcio que gestiona el transporte público madrileño. En cambio, la ayuda de la Administración central crecerá en un 20,1%, y la del Ayuntamiento de Madrid, un 8,5%, según comprobó este periódico.Las tres administraciones aportarán un total de 72.603 millones de pesetas, un 6,5% más que en 1999, según consta en el anteproyecto. "La disminución de la aportación de la Comunidad de Madrid tiene su origen en la participación (por primera vez) del Estado en la zona B . En términos homogéneos, de no darse esta circunstancia, la aportación de la Comunidad se incrementaría en un 7,4%", se señala en el citado documento. El viceconsejero de Obras Públicas, Luis Peral, puntualizó anoche que el aumento de la financiación estatal (y el consiguiente descenso de la regional) es consecuencia del nuevo contrato-programa entre el consorcio y el Estado.

Las aportaciones de las administraciones para el año 2000 se reparten así: 30.575 millones de pesetas del Gobierno regional, 25.501 de la Administración central, 16.123 del Ayuntamiento de Madrid y 404 de otros ayuntamientos.

Más ingresos por tarifas

El anteproyecto de presupuestos prevé recaudar por tarifas a los usuarios 79.262 millones de pesetas, un 6,2% más que en 1999. La mayor parte del incremento (3,85%) vendrá de la subida de precios. El 2,35% restante debe proporcionarlo el aumento de pasajeros. Gracias a la financiación externa se dedicarán 29.706 millones de pesetas a la renovación y mejora del material, sobre todo del metro.

La subida de precios, aprobada con la decena de votos favorables de los representantes de las distintas administraciones en manos del PP, registró cinco negativas: las de los sindictatos UGT y CC OO, el PSOE e IU y los consumidores.

Fernando Múgica, responsable de transportes de UGT y miembro del consejo de administración del consorcio, rechaza la subida que entrará en vigor el próximo 1 de enero. "Casi duplica la inflación prevista y además afecta a las personas con salarios más bajos", destacó ayer. También criticó que el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, hubiera anunciado el alza horas antes de que el consorcio la aprobara formalmente.

"Con eso demuestra poco respeto hacia los órganos constituidos", dijo. Por su parte, el portavoz de CC OO, Francisco Naranjo, afirmó: "Es una barbaridad pedir moderación salarial a los sindicatos y subir luego las tarifas casi el doble de la inflación prevista".

En la Asamblea de Madrid, los diputados Julián Revenga (PSOE) y Franco González (IU) tampoco ahorraron críticas, informa Efe. El primero calificó la subida como "un engaño por parte de un presidente que siempre dice que está incentivando el uso del transporte público". González, por su lado, acusó a Ruiz-Gallardón de "utilizar a los madrileños para financiar lo que es su mayor aparato propagandístico electoral".

Los usuarios también se quejaron. Su portavoz en el consorcio, Eustaquio Jiménez (de la Unión de Consumidores de España), destacó: "El coste anual de un abono B-2, el que tienen muchos trabajadores que viven en ciudades dormitorio, supondrá más de un salario mínimo mensual". También la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) rechazó la subida, que se produce tras el alza de los taxis en un 8,5%. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos pidió al consorcio que "recapacite".