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La juez abre el proceso para juzgar a Barrionuevo, Corcuera y Vera por supuesta malversación

La juez Carmen Valcarce, que ha concluido la investigación sobre el presunto uso irregular de los fondos reservados, abrió ayer el proceso para poder juzgar a los ex ministros del Interior en la etapa socialista José Barrionuevo y José Luis Corcuera, así como a Rafael Vera, ex secretario de Estado, y otros ocho ex altos cargos del departamento. Valcarce estima que hay indicios racionales de la existencia de un delito de malversación de caudales públicos, ya que aprecia que los fondos se utilizaron para fines que no eran los previstos y que constituían "un presupuesto paralelo" en Interior.

Carmen Valcarce, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, transformó ayer las investigaciones que inició como diligencias previas en 1994 en un procedimiento abreviado. En la resolución, notificada ayer a las partes, la magistrada da un plazo de dos meses al fiscal y las acusaciones, constituidas por el PP, el financiero José María Ruiz-Mateos y la Asociación de Estudios Penales, cuya cabeza visible es el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.El asunto afecta a dos ex ministros socialistas del Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera; a Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad; Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado; José María Rodríguez Colorado, ex director general de la Policía; Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil; Francisco Álvarez, ex director de información de la Seguridad del Estado; Agustín Linares, ex subdirector general operativo de la policía; Juan Ignacio López Rodríguez, ex gobernador civil de Vizcaya; Jorge Argote, ex abogado de Interior, y Juan de Justo, ex secretario personal de Vera.

En los fundamentos jurídicos, Valcarce, afirma que, "sin perjuicio de las pruebas que deban practicarse en el juicio oral y sin prejuzgar el resultado del mismo, existen indicios racionales de la comisión de un posible delito de malversación de caudales públicos".

Esos indicios, según el relato de la juez, "han aparecido en la investigación del destino otorgado a los llamados fondos reservados, durante el periodo de enero de 1983 a diciembre de 1993, único investigado, constituidos los mismos por las cantidades que el Ministerio de Hacienda ingresaba en el Ministerio del Interior a través de dos cuentas y fundamentalmente denominadas Habilitación de Material y Secretaría de Estado para la Seguridad".

Fondos sin control

Los responsables del departamento disponían de esas cantidades, continúa la magistrada, "mediante talones del Banco de España, los cuales eran emitidos por sumas elevadas y cobradas en casi su totalidad en metálico (...) por funcionarios del Ministerio o de la Guardia Civil que cumplían órdenes superiores y que las trasladaban al Ministerio". Esos fondos, según Valcarce, "escapaban a todo control presupuestario y eran de difícil seguimiento como se ha puesto de manifiesto en la presente instrucción, careciendo de regulación específica.

"De la citada investigación", agrega el texto judicial, "han aparecido indicios suficientes para considerar (...) que los citados fondos han sido utilizados no sólo para destinos ajenos a su finalidad específica, como pago de indemnizaciones, de campañas publicitarias, de jornadas y congresos, sobresueldos, obras y otros destinos que quedan consignados en la causa, sino también para supuestas gratificaciones en cuantía no desdeñable destinada a los propios funcionarios o cargos políticos del Ministerio del Interior o directamente relacionados con él".

Los citados fondos, dice Valcarce, constituían, "dada la importancia de su cuantía y su reiterada ampliación, un presupuesto paralelo del Ministerio para destinos diversos". Para la juez, los indicios de existencia de gratificaciones en cuantía importante determinan precisamente la malversación de caudales. "Tanto el que daba como el que recibía eran conocedores del origen del dinero y, por tanto, de la ilegalidad de su pago y recepción, respectivamente", precisa en su auto.

Valcarce establece que, según los datos que obran en la causa, entre 1983 y 1988, es decir mientras el ministro del Interior fue Barrionuevo, se dispuso en el departamento de 7.110.981.703 pesetas con cargo a los fondos reservados y que entre julio de 1988 y noviembre de 1993, cuando el ministro fue José Luis Corcuera, el importe de la misma partida ascendió a 9.825.901.242 pesetas. La juez imputa a ambos en calidad de responsables de los fondos. A Corcuera, además, le acusa de "disponer de fondos a él adscritos para regalos a familiares de sus subordinados".

A Vera le implica en haber dispuesto de una cuenta "a través de la que paga sobresueldos y gratificaciones, a veces en metálico o a través del propio talón, destinando a él mismo importantes cantidades de las que se apropia invirtiéndolas en inmuebles que registra a nombre de familiares cercanos". Los restantes acusados lo son de haber recibido dinero en diversa cuantía.

Corcuera: "Igual de pobre o de rico"

El ex ministro del Interior José Luis Corcuera declaró ayer, tras conocer la decisión de la juez Carmen Valcarce, que sigue siendo "igual de pobre que antes de ser ministro o igual de rico".Corcuera considera que el auto sobre el presunto uso irregular de los fondos reservados de Interior deja claro que él no se enriqueció con las partidas que correspondían a su departamento. Y añadió que se ha podido ver que no tenía cuentas en Suiza ni capitales invertidos como algunos medios han publicado. El ex ministro socialista califica su responsabilidad en este asunto como "de carácter político".

El ex ministro José Barrionuevo manifestó que "todo lo que se hizo es absolutamente legal" y recordó el "origen político del caso".

Por su parte, Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, anunció que recurrirá la decisión de la juez porque los hechos que relata el auto no son ciertos.

Vera explicó a Efe que, a su entender, la magistrada "no ha tenido la valentía de hacer frente a la presión informativa y las intoxicaciones". "Algo hemos mejorado", puntualizó el ex número dos de Interior, "después de lo que se ha escrito y se ha dicho sobre que tenía cuentas abiertas en Suiza, en las Islas Caimán y en Andorra".

El abogado Jorge Argote, también imputado en la causa, estima que los hechos de los que se le acusa no constituyen delito y "suponen una agresión al ejercicio de la abogacía". Otros imputados, como Francisco Álvarez a través de su abogado, anunciaron igualmente que recurrirán la decisión.

Ignacio Gil Lázaro, portavoz de Interior del PP, manifestó a Europa Press que "el PSOE está prisionero de su propio pasado y Joaquín Almunia únicamente es el albacea de quien dejó que el Ministerio del Interior se convirtiera en lo más parecido a la cueva de Alí Babá".

A su vez, el letrado Marcos García Montes, que ejerce la acusación en nombre de Ruiz-Mateos, declaró que "ya es hora de que el pueblo español sepa qué hicieron con los fondos reservados".

Tras anunciar que acusará a todos los imputados por malversación, apropiación indebida y estafa, añadió que "el sumario demuestra que esos fondos no tenían el control de nadie y que, como acusación, tiene la frustración de no llegar a donde quería llegar, porque los ministros no podían ser ajenos a unas disposiciones de fondos de las que tenía que tener conocimiento el Consejo de Ministros".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de octubre de 1999

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