El ex juez Liaño pide al Gobierno que le indulte y al Supremo que deje en suspenso la pena

El ex juez Javier Gómez de Liaño solicitó ayer al Gobierno el indulto de la pena de 15 años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación que le impuso el viernes el Tribunal Supremo. Paralelamente, su abogado ha pedido al Tribunal Supremo que deje en suspenso la condena hasta que el Gobierno se pronuncie sobre el indulto. Fuentes judiciales indicaron que un eventual indulto no devolvería al ex magistrado a la carrera judicial, pero éste no tendría que esperar 15 años si opositara otra vez a juez o accediese por el turno de juristas "de prestigio".

La solicitud de indulto de Gómez de Liaño fue presentada por su esposa y letrada, María Dolores Márquez de Prado, en tanto que su otro abogado, el diputado del PP Jorge Trías, presentaba en el Registro del Supremo una petición para que se suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia, dado que, además del indulto, Liaño pedirá amparo al Tribunal Constitucional.Fuentes judiciales expresaron sus dudas acerca de la viabilidad de ambas medidas, ya que los precedentes más cercanos sobre suspensión de condenas -en los casos Filesa y Marey- fueron rechazados por el Tribunal Supremo, que determinó el inmediato ingreso en prisión de los condenados para cumplir penas de cárcel mucho más graves que la de inhabilitación.

Respecto al Constitucional, éste no suele suspender, por regla general, penas de tan larga duración como las de 15 años, y a partir de las de cinco no suspende la ejecución ni aunque se trate de penas privativas de libertad.

En relación con una eventual concesión del indulto, las posibilidades en favor y en contra no son tan evidentes, y fueron diversas las opiniones de fuentes judiciales consultadas por este periódico, que pidieron expresamente el anonimato.

En principio, la norma general desde 1870, fecha de la Ley de Indulto, hasta la actualidad, es que el medida de gracia afecta a la pena principal y las accesorias, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos, salvo que se haga mención especial a ellas. Según algunas opiniones, lo habitual es indultar las condenas de prisión, pero no las de inhabilitación impuestas como pena accesoria. Así que con menos razón se otorga la gracia si la inhabilitación se impone como pena principal, como en el caso Liaño.

Otras fuentes entienden que el Gobierno puede indultar sin problemas la totalidad de la pena de inhabilitación especial, como se ha hecho en algunos casos de ginecólogos condenados por aborto.

Pero del fallo de la sentencia se desprende que la inhabilitación de Liaño lleva aparejada su expulsión de la carrera judicial y la pérdida de sus funciones jurisdiccionales, medida que debe ejecutar el Consejo del Poder Judicial en cuanto se le notifique la sentencia. Si el Gobierno concediera el indulto, esta medida podría reducir o anular el tiempo de la condena, pero no llevaría necesariamente aparejado el efecto de devolver a Liaño su condición de funcionario judicial. El indulto no supondría su regreso automático a la judicatura, ya que una cosa es la pena de inhabilitación y otra el efecto que conlleva de la pérdida de empleo con funciones jurisdiccionales.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el ex juez podría pedir, sin esperar el transcurso de los 15 años, su rehabilitación al Consejo del Poder Judicial. Pero si éste entiende que no procede, Liaño tendría que plantear un recurso contencioso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. También podría intentar recuperar su condición de juez, sin esperar 15 años, volviendo a hacer la oposición de ingreso en la carrera o a través de turno de acceso especial como jurista de "reconocido prestigio".

Desmarque

Por otra parte, dirigentes de distintos sectores de IU pedirán hoy al coordinador general de la coalición, Julio Anguita, explicaciones por su iniciativa de abrir a título personal una cuenta corriente para pagar la multa de 540.000 pesetas impuesta a Gómez de Liaño por el Tribunal Supremo. El más crítico es el portavoz de la Tercera Vía, José Francisco Mendi, quien ha anunciado que pedirá "una rectificación inmediata" de Anguita y que se cancele la cuenta corriente abierta. "Con este mensaje se está aliando a IU con comportamientos corruptos y apoyando a los amigos del PP", dijo.

El dirigente de IU-Madrid, Ángel Pérez, afirmó que las fuerzas políticas "deben acatar las sentencias judiciales", que él "está de acuerdo" con la resolución del Supremo y que se "desmarca de la iniciativa de Anguita". En la misma línea se expresaron el representante de Espacio Alternativo, Jaime Pastor, y el de Izquierda Republicana, Isabelo Herreros.

El PSOE ha anunciado que preguntará al Gobierno en el Congreso "qué alto cargo de la Administración encargó el informe en el que se apoyó la denuncia del periodista Jaime Campmany contra Sogecable".