El Tribunal de la Competencia vigilará las subvenciones a empresas

El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá examinar las ayudas públicas a las empresas, una vez concedidas, según se recoge en el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que ayer se debatió en la Comisión de Economía del Congreso. Los expertos que ayer comparecieron ante esta comisión coincidieron en reclamar que el Tribunal de Defensa de la Competencia sea independiente, plural y no esté politizado.

El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Amadeo Petitbó, explicó ayer en el Congreso que la nueva ley permite a esta institución examinar las ayudas públicas a empresas una vez concedidas, a diferencia de la situación anterior. Hasta ahora, ese control posterior se realiza a petición del ministro de Economía. Según el proyecto de ley, el Consejo de Ministros, tras estudiar el informe que sobre determinadas ayudas elabore el Tribunal de Defensa de la Competencia, propondrá la supresión o el mantenimiento de las mismas.

Durante su intervención, Petitbó señaló que "todavía hay que dar importantes pasos" en la liberalización de sectores como el suelo, la distribución minorista, energía, farmacia, distribución de carburantes, telecomunicaciones, servicios funerarios o distribución de libros.

Entre los expertos que ayer comparecieron en el Congreso, el ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Miguel Ángel Fernández Ordóñez criticó que la nueva ley recorte las competencias de la institución. En su opinión, la nueva ley "da pasos atrás", ya que el Gobierno podrá elegir la composición del Tribunal, sin garantía de pluralidad política.

El presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Javier Angelina, denunció que el Gobierno "tiene miedos" a la hora de aplicar una política de defensa de la competencia. El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, José María Vázquez Quintana, se quejó por su parte del recorte de competencias a este organismo regulador.