El ex presidente de RTVV vacía de competencias su cargo para negar el tráfico de influencias

El ex presidente del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Leonardo Ramón, no tiene constancia de la existencia de operación alguna destinada a desviar fondos o recursos de Canal 9 a varias empresas privadas. Así lo aseguró ayer, durante una comparecencia de más de cuatro horas, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Paterna. Ramón, alejado de la vida pública, recurrió a la naturaleza de su cargo, de carácter protocolario, para desvincularse de la investigación abierta contra varios altos cargos de la televisión autonómica.

El juez, Ignacio Wenceslao Luján, ha imputado a Ramón y otros cinco responsables o antiguos responsables de Televisió Valenciana (TVV) por la supuesta comisión de tres delitos: societario, tráfico de influencias y malversación de caudales. Según la querella presentada por el PSPV, el ex presidente del consejo de administración; el aún director general de RTVV, José Vicente Villaescusa; dos ex directores de Televisió Valenciana (TVV); Jesús Sánchez Carrascosa y José Forner; un ex subdirector de la misma cadena, Vicente Andreu, y el ex jefe de producción de programas de la televisión autonómica, Francisco Aura, urdieron, en mayor o menor medida, un sofisticado plan encaminado a detraer recursos de la empresa pública hacia un entramado de sociedades de carácter privado. Ausencia del fiscal

Ramón no aportó ayer luz sobre el asunto. A pesar del exhaustivo interrogatorio del abogado de la acusación particular, Francisco Granados, el ex militante de Unión Valenciana negó por activa y por pasiva tener cualquier conocimiento de las irregularidades descritas en la querella impulsada por el PSPV. Es más, a preguntas del juez, aseguró que, de haber conocido la práctica de irregularidades en RTVV, las hubiera puesto en conocimiento de la Justicia. "Sin dudarlo", dijo.

La Fiscalía, a pesar de que los delitos investigados irían, de exisitir, contra el patrimonio público, no acudió a la comparecencia. En cualquier caso, Granados inquirió en profundidad a Ramón sobre el aumento del coste padecido por el programa infantil de Canal 9 -el A la Babalà facturado en Burjassot incrementó sobremanera su coste al ser producido por Astel bajo el nombre de Babalà-, sobre la negativa del ente a mostrar los contratos suscritos con empresas privadas o la compra de una serie -Imatges de la memòria, realizada por Teleproducciones Mediterráneo, sociedad de un ex asesor de Eduardo Zaplana, Damián Giménez Fuster- que nunca se emitió.

Ramón dijo carecer de competencia tanto sobre la política de programación como la de contratación. La primera, dijo, es responsabilidad principal del director de TVV, la segunda, del director general de RTVV, que fue quien se negó a facilitar los documentos solicitados por los partidos de la oposición. Además, el ex presidente del consejo de administración restó entidad a las competencias de ese organismo. En su opinión, el control del ente recae, básicamente, en las auditorías a realizar o en otra institución pública, la Sindicatura de Comptes. El presidente del consejo de administración, añadió, apenas tiene una prerrogativa de la que carecen el resto de consejeros: su voto de calidad.

Ni favorecimiento ilícito de empresas privadas, ni delito societario ni malversación de fondos. Ramón negó, siquiera, la existencia de tráfico de influencias durante su etapa, entre 1995 y 1999, en RTVV. Es más, según él, sus dos hijos y otros tantos sobrinos que consiguieron un puesto de trabajo en esa empresa y durante ese periodo accedieron a Canal 9 de forma totalmente legal. "No existe incompatibilidad alguna" en las contrataciones, apuntó.