El Gobierno pretende vigilar la salud de los deportistas

No son suficientes los controles antidopaje, sean por sorpresa o en competición. El Consejo Superior de Deportes (CSD) quiere incorporarse también a la corriente que impera por los países de la Unión Europea referente a la vigilancia de la salud de los deportistas. No está claro si la iniciativa es comparable al caso francés, que ha impuesto el denominado seguimiento longitudinal o biológico de los deportistas, pero es evidente que esta iniciativa tiene mucho que ver con la candidatura de España para ser sede de la futura Agencia Internacional contra el Dopaje, sede que se disputan seis países europeos. Eugenio López, director general de Deportes, presentó ayer las líneas maestras de la futura Comisión Nacional para la Salud del Deportista. No hubo gran detalle en su exposición, salvo que habrá algún tipo de reconocimiento médico previo aún sin especificar para todos los deportistas. España no introducirá en su legislación sanciones penales contra el dopaje. ¿Tendrán que someterse los deportistas españoles a controles médicos anuales o cuatrimestrales como en Francia? ¿Dependerán de estos controles que puedan ser declarados no aptos para competir? ¿Deberán someterse a periodos de descanso si dichos controles muestran datos preocupantes para su salud? La respuesta a estos interrogantes deberá responderla la futura Comisión Nacional para la salud del deportista, una comisión equivalente a las ya existentes contra la violencia y contra el dopaje, cuya regulación y composición definirá un real decreto que está en proyecto. La composición de dicha comisión sigue la tendencia mastodóntica del CSD bajo el Gobierno del PP, que ya se puso de manifiesto en la Comisión para las Retransmisiones Deportivas. En el caso de la Comisión de la Salud, el proyecto prevé que la formen nada menos que 53 miembros, con una comisión permanente de 20.Sin embargo, el articulado del proyecto de real decreto hace presumir que España no llegará tan lejos como Francia y que cualquier tipo de examen médico se entenderá como una forma de prevención y de educación del deportista en la lucha contra el dopaje, más que como una oportunidad para sancionarle o para perseguirle en su actividad. Todo lo más, el texto entiende que "el Consejo Superior de Deportes podrá exigir a las federaciones deportivas españolas que, para la expedición de licencias o participación de competiciones oficiales de ámbito estatal, sea requisito imprescindible que el deportista se haya sometido a un reconocimiento médico de aptitud". No está del todo claro si, bajo las leyes españolas, un deportista profesional puede ser impedido a hacer su trabajo por causa de un reconocimiento médico efectuado por una federación deportiva.

España trata con esta legislación de defenderse de las acusaciones de sospecha que, en diversas ocasiones, han vertido los medios de comunicación franceses contra el deporte español. Finalmente, Alberto Palomar, subdirector del CSD, manifestó que se estaba en disposición de seguir toda la distribución de la EPO en España, de tal manera que se puede saber a quién se administra y qué médico la ha recetado, de tal manera que todo uso indebido de la misma tendría que deberse a canales propios del mercado negro, aunque hizo una alusión a la preocupación por la distribución de sustancias a través de Internet, para la que no existe, en estos momentos, un sistema de control.