El TSJ obliga al Consell a cumplir una sentencia y gastar 7.000 millones en ayudas a los funcionarios

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha insistido ante la Generalitat en la obligación que tiene la Administración autonómica de acatar y ejecutar sus sentencias y, en consecuencia, de constituir el fondo de ayuda social al que tienen derecho los funcionarios del Consell. La Sala de lo Social del alto tribunal se ha pronunciado en ese sentido a instancia de UGT. El sindicato solicitó a los magistrados que obligaran a la Generalitat a aplicar aquella decisión, parcialmente confirmada por el Tribunal Supremo, en la que obligaba al Consell a respetar el convenio colectivo firmado por los sindicatos. Ese acuerdo, suscrito en 1995, comprometía a la Generalitat en varios terrenos: debía dedicar cerca de 1.000 millones anuales al fondo de ayuda social, convocar varios concursos que facilitaran la movilidad y la promoción interna o, por citar sólo otro ejemplo, sacar a concurso aquellos puestos de trabajo sin ocupar a pesar de su carácter estructural. Según UGT, el gobierno presidido por Eduardo Zaplana no respetó ninguno de esos acuerdos, ni siquiera aquél por el que se financian algunas necesidades médicas o educativas de los trabajadores públicos. En ese sentido se pronunció el TSJ en mayo de 1998, en una sentencia confirmada, en sus aspectos esenciales, por el Tribunal Supremo. Recientemente, la organización solicitó de nuevo la ejecución de la sentencia, cuya aplicación le podría costar al Consell alrededor de 7.000 millones de pesetas. Esa es, al menos, la estimación del responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Gonzalo Fernández, quien califica de "rotundo" el auto del TSJ y de "inexplicable" la actitud del Consell. "La Generalitat no tiene voluntad de respetar la sentencia", asegura.