Una legislación quemada

Los clavarios de El Cristo de Catarroja, que vieron fallecer a uno de sus festeros a causa de una explosión pirotécnica durante la despertà del pasado 18 de septiembre, insisten en que las carcasas que potenciaron la deflagración las suministró la pirotecnia Arnal para completar un pedido de cohetes que no pudo ultimar. "Pierdo dinero", dijo el empleado, "pero llevaros las carcasas que son mejores". Dudaron: no sabían lanzarlas. "Tranquilos, ya os enviaré yo a alguien", les contestó. Según los clavarios, ese alguien era un fallero del pueblo colaborador de Arnal desde hace años. Su posible imprudencia pudo provocar que un resto de carcasa cayera sobre el conjunto de petardos, que estalló. El responsable de Arnal llegó al rato, y gritó: "¡qué habéis hecho! ¡Ya sabía que debía haber venido yo!". "¡Pues haber venido!", le respondieron histéricos. A tenor de esta versión (que este periódico no ha podido contrastar con Arnal), aunque pueda parecer lógico deducir una responsabilidad de la pirotécnica, no la hay según la legislación vigente. El Reglamento de Explosivos aprobado por real decreto, el pasado año, indica que los explosivos de clase tres, a la que pertenecían los 16 kilos que compraron los festeros, pueden ser libremente vendidos a mayores de 18 años, como sucedió aquí, y no necesitan en su empleo supervisión de profesionales. El festero que murió tenía en cambio 17 años. No iba lanzando petardos, pero de todos modos, la normativa no regula el uso. El fabricante sí debe incluir en su producto instrucciones de utilización y los límites de edad recomendados. El reglamento permite transportar en vehículos particulares hasta 15 kilos de explosivos y sólo obliga a solicitar permisos a la delegación de Gobierno en actos en que se supere el empleo de 50 kilos. Y éste no era el caso de la despertà. Los requisitos para venta y almacenaje de material pirotécnico son severos según la normativa, que debe hacerse cumplir a través de los distintos ayuntamientos y la delegación de Gobierno. Pero si bien el área de industria de esta última revisa los establecimientos de venta al por menor a la hora de conceder permisos y su renovación, no establece inspecciones periódicas, aunque puedan producirse cuando se considere necesario. La mayor falta de control reside sobre los casales falleros. Sólo en un casal de Catarroja, que no reunía la mayoría de las condiciones necesarias, llegaron a estar almacenados 35.000 tronaors. El debate sobre el uso de la pólvora se reabre con cada accidente. A partir del último, distintas asociaciones de consumidores han hecho pública la necesidad de una normativa más específica. Por contra, los pirotécnicos creen suficiente la ley tal como está. "Lo imprescindible es la responsabilidad de todos", afirma Miguel Zamorano, de la empresa Caballer, "y que el pirotécnico sepa qué vende y a quién", añadiendo que algunos fabricantes llegan a comerciar con partidas en mal estado sin cortapisa administrativa. Del mismo modo piensa Gregorio Juan, de la pirotecnia Gori: "aquí viene gente joven y te pide bombas, es labor nuestra hacerles ver que los petardos no son merengues". El Ayuntamiento de Paterna opta por promover el control sobre los riesgos implícitos en las cordaes municipales y el alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella, impulsa una normativa que exigirá permisos y presencia de pirotécnicos en despertaes, así como un seguro millonario. Muchos vecinos opinan que llega tarde.