El PP acusa de prevaricación a Martín Soler por la trama de las forestaciones

El PP de Almería ha anunciado su intención de acudir a los tribunales si el presidente de la Junta, Manuel Chaves, no toma en consideración las pruebas que confirman la presunta trama en las ayudas a la reforestación. Según el PP, los documentos en su poder delatan la falsificación de firmas, adjudicación de subvenciones sin fecha y firma en los pliegos de condiciones por parte de los beneficiarios. Los populares acusaron también de prevaricación al ex delegado de Medio Ambiente y actual secretario provincial de los socialistas, Martín Soler, por "consentir" irregularidades en la finca La Serrata.

Las acusaciones realizadas por el secretario provincial del PP, Gonzalo Bermejo, y el diputado Julio Vázquez van dirigidas también contra el delegado de Agricultura, Francisco Ruiz Orta, por "contratar" a familiares y amigos para desarrollar una política de concesión de subvenciones a la reforestación. En este sentido, Vázquez acusa al ex delegado de Medio Ambiente y actual secretario del PSOE de Almería, Martín Soler, de "consentir" irregularidades en la reforestación de la finca La Serrata. "Martín Soler se declara incompetente para aplicar el expediente sancionador quizá por no hacer daño a los amigos del señor Ruiz Orta", apuntó Vázquez. El diputado explicó la relación de amistad de uno de los propietarios de La Serrata, Miguel Burgos López, y el delegado de Agricultura al haber sido ambos socios de una empresa creada en Alhama cuando Ruiz Orta fue alcalde. "Esto sólo viene a demostrar la trama de personajes alrededor del poder. Después de que Medio Ambiente se declarase incompetente para aplicar el expediente sancionador a La Serrata por estar roturando en el sentido de las escorrentías, Agricultura lo sobresee", señaló Vázquez. Irresponsabilidad grave El PP sustenta la acusación tras la valoración pedida a un jurista independiente y en la que éste reconoce "grave irresponsabilidad" en la labor de los funcionarios públicos. Martín Soler calificó ayer de "inmoral" la acusación del PP, y explicó que se declaró incompetente tras un informe de los servicios jurídicos de la Junta, que mantenía que los terrenos de La Serrata continuaban siendo de calificación agrícola. Desde el PP también se acusa al ex alcalde socialista de Alcóntar, Pablo Iglesias, y al alcalde de Bacares, José Segura, de haber acumulado fincas para hacerse con ayudas utilizando sus cargos. Aseguran que Iglesias, que no tenía terrenos en 1990, posee 43 fincas. Este extremo ha sido negado por los dos socialistas. "Yo en 1990 ya tenía tierras. Éticamente no pueden acusarme de nada", aclaró Iglesias. El alcalde de Bacares, al que el PP atribuye la propiedad de 90 hectáreas, dijo: "A mí me han denegado las ayudas a mis dos expedientes. Se lo aprobaron a mi mujer, que tiene no más de ocho hectáreas".