Un cargo de UGT, imputado por el uso de fondos de formación en 1996

El secretario de acción sindical de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT, Ismael Sáez, declaró ayer como imputado ante la juez encargada de investigar si la Fundación Pascual Tomás, una entidad dependiente de ese sindicato, malversó fondos públicos en la gestión del dinero procedente de las arcas estatales y destinado a la formación de trabajadores. Sáez compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia durante cerca de 45 minutos. En ese periodo, según fuentes cercanas al caso, intentó aclarar a la magistrada la participación de su federación en la organización y financiación de los cursos de reciclaje gestionados por la fundación, que se dedica por completo a promover el reciclaje de los trabajadores. Según las mencionadas fuentes, Sáez negó la práctica de cualquier irregularidad y acotó la participación de su sindicato en la organización de los cursos. Al parecer, la Federación de Metal, Construcción y Afines sólo participa en los cursos a petición de la fundación: Bien para buscar empresas o trabajadores interesados en las clases o para intentar encontrar patrocinio a los cursos. En esa tarea, Sáez, por su cargo en la ejecutiva, tenía la principal responsabilidad. Segundo imputado La comparecencia de Sáez, a quien este periódico no pudo localizar ayer, se ha producido casi una semana después que la de Rafael Soriano, responsable de la Fundación Pascual Tomás. Soriano explicó con detalle a la juez el pasado día 14, también en condición de imputado, la mecánica de las relaciones establecidas entre la institución que dirige y la Fundación para la Formación Continua (Forcem), el organismo estatal que financia los cursos ahora investigados. Soriano no quiso comentar el contenido de su declaración, aunque, según las mencionadas fuentes, negó la práctica de cualquier irregularidad y responsabilizó del posible desfase existente en sus cuentas a una divergencia de materia contable. Al parecer, la Intervención General del Estado instó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano a investigar las cuentas de la Fundación al detectar supuestas irregularidades. En el ejercicio de 1996, se observó una diferencia de pocos millones de pesetas -al parecer, un máximo de 10- entre la factura girada por una determinada serie de cursos y el coste de los mismos. El inspector de Hacienda encargado del caso, Joaquín Falomir, insistió en su informe en las posibles irregularidades, aunque en el documento destacó la corrección de las cuentas globales. La causa seguida por la juez Olarte no tiene relación alguna con la investigación, abierta en otro juzgado de Valencia con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, por el uso de los fondos de formación que la Confederación Empresarial Valenciana, bajo el mandato de su ex secretario general, Luis Espinosa, hizo entre 1993 y 1995.