El mayor centro para internamiento de extranjeros de España carece de intérprete

El centro de internamiento para extranjeros de Málaga, el mayor de toda España, carece de intérprete y asistente social. Es más, sólo tres policías deben atender a una media de cuarenta inmigrantes. Las carencias de personal no son las únicas: las instalaciones, donde los indocumentados esperan la expulsión a su país, están pendientes de una mejora desde hace tres años. Tras una pregunta del PSOE, el Gobierno central ha avanzado que las obras están adjudicadas y comenzarán en octubre.

La mejoría de las instalaciones es una vieja reivindicación de las organizaciones humanitarias. Hasta ahora el Ministerio del Interior, del que depende el centro, sólo le ha dado un lavado de cara: ha pintado la fachada en blanco y amarillo. Pero los muros laterales, desconchados y grises, dejan al descubierto su avanzado deterioro. El PSOE reclamó ayer a la administración central que acometa con urgencia la remodelación y proyecte un nuevo edificio. "El PP tiene olvidado este centro", se quejó el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, quien ayer visitó las dependencias en compañía de su compañera de filas Hortensia Gutiérrez. Los legisladores reprocharon que desde 1997, el Ministerio del Interior haya presupuestado 163,5 millones de pesetas y no haya concretado ninguna de las inversiones. Un trabajador coincidió con la crítica de Heredia: "Falta personal y los internos se aburren en el patio porque no tienen ninguna actividad". Los legisladores presentarán iniciativas parlamentarias para que los internos tengan intérprete, actividades de ocio y para que las extranjeras sean atendidas por mujeres policías. Además, reclamaron la cesión de un local dentro del centro para que las organizaciones humanitarias presten asistencia social y jurídica a los indocumentados. Por otra parte, ayer el abogado de Mirela D., una inmigrante rumana, embarazada de cinco meses, solicitó la mediación del Defensor del Pueblo andaluz y nacional para evitar su expulsión. El letrado argumentó que su deportación supondría un perjuicio de "imposible" reparación tanto para la madre como para su hijo y se vulnerarían el derecho a la salud, a la protección de la infancia y a la vida. El reglamento en vigor permite que una inmigrante encinta sea deportada, pero el abogado letrado esgrime el proyecto de Ley de Extranjería, que prohíbe la expulsión de una embarazada.