El GIL se querella en el Tribunal Supremo contra Almunia y Jáuregui por calumnias

El Grupo Independiente Liberal (GIL) ha decidido llevar la teoría de la conspiración política a los tribunales. Los cuatro alcaldes y 84 concejales electos de esta formación presentaron ayer una querella por infamias, calumnias e impedimento del ejercicio de los derechos fundamentales contra el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, y el responsable de Política Autonómica, Ramón Jaúregui. La denuncia, que fue interpuesta en la Sala Segunda del Tribunal Supremo debido a la condición de aforados de los dos querellados, no fue finalmente firmada por militantes del GIL tal como anunció en un principio el presidente de esa formación, Jesús Gil. Según el texto de la querella, esta formación viene sufriendo desde las pasadas elecciones "los furibundos ataques dialécticos" tanto de Almunia como de Jaúregui en los medios de comunicación. "Además de atribuir de forma genérica a todos los cargos públicos del GIL una finalidad mafiosa y corrupta en el ejercicio de la actividad pública (...) les menosprecia, injuria y difama imputándoles hechos total y absolutamente falsos", reza el documento. La querella, firmada por los alcaldes de Marbella, La Línea y Casares, así como por los concejales de los 13 municipios donde el GIL tiene representación, recopila declaraciones de los dos diputados en las que, dice, imputan a esta formación política "delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y asociación ilícita". Sobre todo a raíz de que dos concejales socialistas de Melilla rompieran con la disciplina de su partido a principios de julio y después de que Susana Bermúdez, concejal de Ceuta, hiciera otro tanto para darle la presidencia de la ciudad al GIL. Así, por ejemplo, recoge unas declaraciones de Almunia del 5 de julio "en las que descalificaba al GIL como grupo político democrático y sugería que podría haber habido una compra de votos en Melilla". Ocho días más tarde, recoge la querella, afirmaba que los militantes del GIL "lo único que persiguen es corromper las instituciones y ganar dinero". El 10 de agosto se unía a estas opiniones Jáuregui "utilizando el más soez vocabulario y la más repugnante definición terminológica" hacia la tránsfuga de Ceuta. La finalidad de tales declaraciones no sería otra que la "exterminación" del GIL. Según concluye la querella, esto podría ser constitutivo de un delito de impedimento de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución, "máxime si se tiene en cuenta que proviene del secretario del primer partido político de la oposición que cuenta con más de un millón de militantes". Los abogados del GIL solicitan al Supremo que llame a declarar a Almunia y Jaúregui pero no fijan la "indemnización a exigir de los querellados, lo que harán en el curso de su procedimiento.