La Junta calcula que el Gobierno le arrebató 105.000 millones en 1997 al no aplicar el censo

Magdalena Álvarez, consejera de Economía, condenó ayer a los infiernos al nuevo sistema de financiación autonómica y anatemizó los números de la liquidación para 1997 que dio el Gobierno el lunes. Álvarez explicó que Andalucía no sólo no ha perdido los 26.000 millones que dice el Ejecutivo, sino que éste "ha quitado deliberadamente" a la comunidad 105.000 millones. Este dinero es el que habría recibido la Junta si al viejo sistema, en el que se mantiene la región, se hubiese aplicado el aumento de la población y la evolución de los Ingresos Tributarios del Estado.

Sólo para empezar, Magdalena Álvarez refutó como "falsas" las afirmaciones del Gobierno sobre Andalucía y proclamó "el fracaso histórico de un sistema de financiación inaplicable" y, a su juicio, en vías de extinción. Para demostrar estos asertos, recurrió a los propios datos del Ejecutivo de José María Aznar. Y se centró en un curioso "0,0" que figura allí donde debería poner cuánto han ganado de más las autonomías del régimen común (todas menos las tres socialistas) por aceptar financiarse con el 30% del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). "Es fácil de explicar", dijo Álvarez: "La recaudación por IRPF ha caído y, por tanto, no ha aportado ningún dinero adicional a las comunidades que aceptaron el nuevo modelo". Precisamente el hecho de que el sistema de financiación se basara en ese impuesto [el que se retiene de las nóminas de los asalariados] fue lo que llevó a la Junta a rechazarlo. "El Gobierno central oculta deliberadamente los datos de la a recaudación del IRPF por comunidades autónomas porque ha sufrido una caída estrepitosa en una época de bonanza económica, justo cuando debería haberse recaudado más al aumentar tanto las rentas como el Producto Interior Bruto (PIB)", agregó la consejera. Los datos estatales (ver cuadro adjunto) indican que en 1996 el porcentaje de aumento en la recaudación por IRPF fue del 7%, mientras que en 1997 ese porcentaje fue sólo del 2,8%. Mecanismo corrector Entonces, ¿cómo puede decir el Gobierno que las comunidades que se acogieron al sistema nuevo han obtenido 32.000 millones más que con el viejo? "Pues porque ha utilizado un mecanismo de garantía, incorporado un año y medio después de aprobarse el sistema, para compensar a las comunidades la pérdida de ingresos por la caída del IRPF. Y lo han utilizado de manera fraudulenta, porque no dicen cuánto se está garantizando al no detallar la recaudación del IRPF en cada comunidad", denunció. O lo que es lo mismo: las comunidades del nuevo sistema (salvo Canarias, que sí ha ganado) no han sacado ni un duro de más por gestionar la recaudación de un tramo del 30% del IRPF, sino que el Gobierno les ha aumentado para compensarlas (con el citado mecanismo corrector) la cantidad que reciben de la caja en la que el Estado mete todo el dinero que ingresa, la llamada PIE (Participación de los Ingresos del Estado). "Si no llega a ser por esa garantía, habríamos ganado más que el resto de las comunidades", aclaró Álvarez. Los cálculos de la Junta, radicalmente contrarios a los del Gobierno, indican que si las autonomías del 30% se hubieran mantenido en el viejo sistema habrían ganado 59.884 millones más de lo que han percibieron en 1997, ya que habrían recibido más dinero de la PIE, la gran caja de ingresos que era el pilar del anterior sistema, en el que se mantiene Andalucía, y que no ha parado de crecer. Álvarez también negó que Andalucía haya perdido 26.140,4 millones por no acogerse al nuevo sistema. "No, lo que es verdad es que el Gobierno nos ha quitado deliberadamente 105.000 millones en 1997 por no aplicar el censo real de población a la financiación, por no dar dinero para prestar servicios a los 460.000 andaluces que no reconocen", explicó. Ese dinero es el resultado de sumar los 46.351 millones que se deberían haber pagado por el aumento poblacional y otros 59.072 millones que, según Álvarez, corresponderían a la región en virtud del aumento del ITAE (Ingresos Tributarios del Estado). La cantidad acumulada de 1997 a 1999 por la no aplicación de ambos conceptos se dispara hasta los 352.000 millones, según la consejera. "Vamos a conseguir que nos paguen ese dinero porque para eso hemos recurrido al Constitucional", aclaró. Tendrá que ser el tribunal el que finalmente aclare si 2 y 2 son 4 o son 22.