La Junta denuncia el retraso en la limpieza del fondo del Guadiamar

El consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, denunció ayer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no está limpiando "con la debida diligencia" los últimos lodos tóxicos del cauce del río Guadiamar, con lo que existe el riesgo de que se vuelvan a contaminar los terrenos en otoño. Blanco pidió que la CHG -dependiente del Gobierno central- dedique a la limpieza del Guadiamar, afectado por el vertido de las minas de Aznalcóllar (Sevilla), "más esfuerzo, más maquinaria y más personal, y que realice un ajuste del calendario". La Junta, aseguró el consejero, no ha detectado "la suficiente diligencia para cumplir los calendarios", motivo por el que pidió "un esfuerzo para aprovechar el verano", porque en caso de que se adelanten las lluvias del otoño -por mor de una quiebra del supuesto ciclo seco en el que está sumida la región- cuando el cauce aún no esté "suficientemente limpio, podrían volverse a ensuciar los terrenos". El titular de Medio Ambiente aseguró que los representantes de la Junta en la comisión mixta de seguimiento del vertido han expresado su preocupación ante la marcha de los trabajos, en virtud de los cuales la Confederación está desecando desde principios de julio diferentes tramos del Guadiamar para poder retirar de este modo los lodos tóxicos residuales que hayan quedado fijados al fondo del río. Recursos contra el Corredor Blanco expresó su confianza en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechace los recursos presentados por una propietaria agrícola y por la asociación agraria Asaja contra las expropiaciones de tierras decretadas por la Junta para construir el Corredor Verde en la zona del vertido. A su juicio, las razones de la Junta "están suficientemente avaladas desde el punto de vista técnico y jurídico" y subrayó que la fiscalía apoya las posiciones del Gobierno regional. Además, afirmó que "más del 80% de los propietarios está llegando a acuerdos de venta y sólo algunos, por circunstancias personales, lo han llevado por la vía del recurso". Estas expropiaciones convierten a la Junta en el principal perjudicado por el vertido, con derechos indemnizatorios, incluso en el caso de que eventualmente pudiera recibir algún tipo de condena por responsabilidad en el desastre. El consejero hizo estas declaraciones ayer, durante la presentación de la actualización de la página web que la Consejería ha construido en Internet sobre el Corredor Verde, que ya ha recibido 320.000 consultas. Blanco explicó que esta página responde a la voluntad de la Junta de actuar con la "máxima transparencia". El Corredor Verde tendrá un coste de 4.000 millones (2.800 para regeneración y reforestación y 1.200 para infraestructuras de uso público) y su objetivo es recuperar la franja de terreno afectada por la rotura de la balsa minera.