La oposición critica el plan para diseminar a los rumanos en cuatro guetos aislados y cercados

La decisión de las instituciones de alojar a las familias rumanas expulsadas de Malmea en cuatro guetos alejados de los núcleos de población "para evitar el rechazo vecinal" y cercados "para impedir su crecimiento" ha levantado las críticas de la oposición. Izquierda Unida duda de la "constitucionalidad" de la medida y el PSOE considera que el aislamiento impedirá la integración de los 355 inmigrantes. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rumania, Andrei Plesu, que ayer visitó Madrid, es partidario de una solución "legal y severa" para estas familias.

Plesu pidió que estos inmigrantes de etnia gitana se integren en la sociedad española "si reúnen las condiciones para ello", y si no, que sean "enviados de vuelta a casa", según informa la agencia Efe. El ministro explicó que la Embajada de Rumania ha propuesto a las autoridades españolas un proyecto de acuerdo "para combatir el crimen organizado, el tráfico ilegal de inmigrantes y las actividades fuera de la ley". Según el mandatario rumano, esta propuesta "servirá para solucionar el problema" de los inmigrantes rumanos.Estas familias han relatado que entraron en la Unión Europea pagando 85.000 pesetas a redes de inmigración ilegal. Una vez finalizado el viaje, acaban malviviendo en furgonetas y tiendas de campaña, pero consideran, que, pese a todo, les merece la pena emigrar. Aducen que en Rumania los gitanos están marginados y que aquí pueden vivir de la venta de revistas para indigentes como La Farola y La Calle.

Para la concejal de IU Marisa Castro la decisión de instalar a los rumanos en campamentos aislados y cercados obligándoles a llevar una tarjeta identificativa es "de dudosa constitucionalidad y una vergüenza".

La edil del PSOE-Progresistas Noelia Martínez opina que "estos asentamientos que proyecta el Ayuntamiento para cercar a los rumanos recuerdan a los campos de concentración nazis". Su grupo pedirá en el próximo pleno municipal la creación de una red estable de albergues para atender a los inmigrantes mientras se les busca una solución definitiva.

SOS Racismo considera que "la política de aislamiento en guetos con alambradas en los extrarradios de Madrid es un hecho sin precedentes que, lejos de resolver los problemas de convivencia, los agrava y abona el terreno social a actitudes racistas y xenófobas".

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Juan Serraller, califica de "salvajada" vallar los campamentos, informa Servimedia. "Significa crear guetos, separarlos de la población y, en definitiva, xenofobia", añade.

"Valores morales podridos"

El presidente de Presencia Gitana, Manuel Martín Ramírez, califica la solución tomada de "engendro". "Hasta qué punto están podridos los valores morales de esta sociedad, que el Gobierno se ha amparado en la protesta de 2.500 vecinos del barrio de Begoña para expulsar a los rumanos de Malmea", añade.La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, rechaza las críticas y asegura que el diseño de los campamentos ha seguido "los criterios de Cruz Roja y la Comisión Católica de Migraciones, las dos ONG que han trabajado con estas familias y han aconsejado los campamentos frente a recintos cerrados como los albergues por el carácter nómada de estos inmigrantes, que nunca han vivido antes en pisos, sino en furgonetas y tiendas", añade. "Se van a vallar los asentamientos porque así nos lo han sugerido las ONG. Es insultante decir que vamos a construir campos de concentración; a los campamentos irán las familias que quieran voluntariamente, porque supone una oportunidad para integrarse", concluye Martínez.

Los solares municipales de los cuatro campamentos están en el camino del Espinillo (Vicálvaro), en la cañada de los Canteros (Vallecas Villa), en Vallegrande (Fuencarral) y en el camino de San Roque (Fuencarral), donde estas familias viven desde que el pasado 10 de julio fueran trasladadas allí por el Ayuntamiento tras su expulsión de Malmea.

El Instituto de la Vivienda de Madrid iniciará hoy la construcción de tres de estos campamentos, todos menos el del camino de San Roque, que se dejará para el final porque es donde viven ahora los 355 inmigrantes. Cada uno de los núcleos costará 12 millones, y está previsto finalizarlos en un plazo de tres semanas.

Cruz Roja se hará cargo de los campamentos de Fuencarral, y la Comisión Católica, de los otros dos. Ambas entidades desarrollarán con estos inmigrantes un programa de apoyo social subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En cada asentamiento, habitado por unas 88 personas, habrá dos mediadores, un trabajador social y cuatro monitores de actividades. Portavoces de Cruz Roja explican que el arzobispado ha ofrecido un colegio de Aravaca para poner en marcha una escuela de verano con los 160 niños que viven en el camino de San Roque.