El Defensor del Pueblo alerta de "graves" carencias de medios y personal para atender a niños tutelados

Los servicios de protección de menores tutelados por la Junta de Andalucía adolecen de "graves" carencias de personal, medios y plazas (especialmente para acogimiento urgente), lo que hace que no sea "tan eficaz como debiera". Éstas son las principales conclusiones de un informe elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, cuyo titular es José Chamizo, que ayer fue presentado al presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela. Como principal medida correctiva de estos fallos, Chamizo reclamó un desarrollo eficaz de la vigente Ley del Menor.

El documento, dividido en ttres tomos y centrado en el acogimiento residencia, recoge datos sobre 241 centros (públicos y privados concertados) en los que se encuentran acogidos un total de 2.380 menores que han tenido que ser tutelados por la Junta por padecer graves problemas familiares. Los centros han sido sometidos a una intensa encuesta (190 preguntas a cada uno) para conocer con exactitud cómo es la situación de los sistemas de protección desde aspectos como la organización interna, personal y régimen económico, infraestructura, elementos educativos y sanitarios o las relaciones humanas que se establecen en cada uno. José Chamizo destacó como los principales fallos del sistema de protección la disfuncionalidad entre las delegaciones provinciales de Asuntos Sociales y la Dirección General de Atención al Niño, la falta de presupuesto y de mecanismos para el seguimiento de los menores, además de la sobrecarga de trabajo existente. Los servicios de protección de la Junta atienden a 6.499 menores (el 0,37% de la población andaluza de menos de 18 años), de los cuales 2.666 se encuentran en régimen de acogida residencial; otros 3.099 en acogimiento familiar y 734 en centros para reforma, unos índices de intervención similares al resto del país. El informe, para cuya elaboración se ha tardado más de un año, subraya que la falta de personal provoca "importantes carencias que afectan gravemente a la intensidad y calidad de las funciones que se han de prestar". Como hecho significativo, el 42% de los empleados de estos centros se mantiene en su destino de manera provisional y la carga de trabajo "es desequilibrada". O lo que es lo mismo: hay provincias con mucho más movimientos que otras. También la dotación de medios materiales se considera "escasa y antifuncional" y conduce a una desidia burocrática en el seguimiento de la situación de los menores una vez que se ha adoptado la medida de tutela. "El detenido control y seguimiento que dada menor exige", dice el informe, "no se compagina con la ausencia casi completa de sistema de información operativos y actualizados". Esto provoca, explicó Chamizo en rueda de prensa en el Parlamento andaluz, que una vez que se adopta la medida suele ocurrir con frecuencia que el expediente del menor se duerme "a veces incluso hasta que el chaval cumple los 18 años".