Mariscal recrimina a Gil por los insultos a Villarejo, pero dice que no puede emprender acciones legales
Todo se quedó en un pequeño reproche. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, calificó ayer los insultos vertidos por alcalde de Marbella, Jesús Gil, hacia el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo y el juez instructor del caso Atlético, Santiago Torres, de "execrables". Pero aseguró que con el nuevo Código Penal el Gobierno no puede emprender acciones legales. Según dijo, deben ser los "que se sientan atacados" los que denuncien los hechos. La ministra inauguró el curso Jueces, Fiscales y Políticos que la Universidad Rey Juan Carlos imparte en Ronda.
"Ha habido una crítica [hacia el Ministerio de Justicia] de inactividad, pero es por desconocimiento de la legislación aplicable. Ni el Ministerio de Justicia, ni el Fiscal General del Estado [Jesús Cardenal] tienen capacidad para instar una acción por la que se reprueben judicialmente los insultos", aseguró Mariscal. En cualquier caso no descartó presentar en el Congreso una iniciativa para introducir de nuevo la figura que permita a la Fiscalía actuar de oficio cuando se insulte a jueces o fiscales. "Desde el punto de vista político el hecho de que se utilicen los insultos y las descalificaciones es absolutamente execrable y más si provienen de alguien que ostenta un cargo tan importante como un alcalde", aseguró la ministra. Y dio por agotada su posibilidad de acción con estas palabras. A raíz de que el pasado 23 de junio saliese a la luz el informe de Anticorrupción que vincula a Gil con la mafia siciliana, éste no ha desperdiciado la oportunidad de arremeter contra Villarejo, al que ha calificado en numerosas ocasiones de "ruin y miserable". La ministra consideró necesario esperar a que el órgano de la judicatura decida si expedienta a la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, que ha sido acusada de no abstenerse en casos que afectan a su familia, para poder valorar la situación judicial en Marbella. "El que existan recusaciones es algo que está en la ley y eso no significa una disfunción [de la justicia]. Otra cosa es que haya una resolución pendiente del CGPJ respecto a dos jueces concretos. Y a esa resolución nos tendremos que atener en su momento", aseguró en referencia al instructor. Mariscal de Gante defendió en su conferencia la independencia de la política y la justicia aunque existan conexiones, como el capítulo de los presupuestos que el Gobierno le dedica y la acción legislativa. Y en este punto no perdió la oportunidad para elogiar a su partido. "En ambas políticas el Gobierno encabezado por José María Aznar ha llevado a cabo un notable esfuerzo dentro de las posibilidades de su apoyo parlamentario y de los recursos económicos de los que disponía", dijo. Según la ministra, es "una forma muy grave de atentado contra la independencia judicial" la politización de la justicia, que no es otra cosa que "cuando se intenta influir sobre las resoluciones con presiones políticas". En este sentido, declinó hacer comentario alguno sobre los dos informes de Tribunal Constitucional que abogan de forma contradictoria por la excarcelación y el mantenimiento en prisión de los miembros de la mesa de HB. Pero calificó de "lamentable" el hecho de que ambos informes se hayan filtrado. Mariscal criticó también judicialización de la vida política que se produce, en su opinión, cuando se intenta reducir las responsabilidad política a las estrictamente judiciales, "como si el error político se redujese al delito".
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