El Supremo juzgará por prevaricación a Liaño a partir del 14 de septiembre

El Tribunal Supremo juzgará a partir del 14 de septiembre, al día siguiente de la apertura del nuevo año judicial, a Javier Gómez de Liaño, magistrado de la Audiencia Nacional, por tres delitos de prevaricación presuntamente cometidos durante la instrucción del caso Sogecable. El Supremo ha admitido todas las pruebas propuestas por las partes, aunque ha dado un plazo de tres días a la defensa para que presente las preguntas que formulará al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que será testigo.

El señalamiento del inicio del juicio de Javier Gómez de Liaño por presunta prevaricación para el 14 de septiembre aclara dos cuestiones: por un lado, Liaño será juzgado por el tribunal de tres magistrados que le corresponde, integrado por Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez-Pereda, en vez de por el pleno de la Sala de lo Penal como él pretendía por entender que era más favorable a sus intereses. Por otro, en la vista participará Martínez-Pereda, que se jubila el 27 de ese mismo mes de septiembre. Por ello, aunque se prolongase más allá de esa fecha, este magistrado intervendría en el proceso hasta que se dictara sentencia.

El tribunal también ha estimado pertinentes y relevantes los testigos y las pruebas propuestas para su celebración durante el juicio. Eso sí, como el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, citado como testigo por la defensa de Gómez de Liaño, está exento de concurrir al llamamiento como testigo, aunque no de declarar, de acuerdo con el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha dado un plazo de tres días al defensor del juez para que presente el escrito de preguntas que piensa formularle. El tribunal valorará la pertinencia de las mismas y las que sean aceptadas serán remitidas a Cardenal, por si estimase procedente declarar por escrito.

Fiscales

El fiscal, José María Luzón, no propuso ningún testigo en sus conclusiones provisionales. La acusación particular, en nombre de los directivos de Sogecable Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis y Francisco Pérez González, propuso como testigos a tres fiscales: Ignacio Gordillo, que estuvo encargado del caso Sogecable; Eduardo Torres-Dulce, fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado, y Juan Ortiz Úrculo, anterior fiscal general del Estado.

Por su parte, la defensa de Gómez de Liaño, además del testimonio del fiscal general del Estado, ha solicitado que se cite como testigos a los directivos de Sogecable y PRISA Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, a los fiscales Ignacio Gordillo y Eduardo Fungairiño, a los jueces Baltasar Garzón, Ismael Moreno y Fernando García Nicolás, a dos inspectores de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Unidad Central de Policía Judicial y a un funcionario de confianza del juez procesado.

El fiscal Luzón, al igual que el propio interesado, solicita la absolución de Gómez de Liaño por considerar que no ha cometido delito alguno.

La acusación particular y la popular, que ejerce la Asociación de Estudios Penales, consideran, sin embargo, que los hechos constituyen tres delitos de prevaricación y reclaman por cada uno la imposición de una pena de multa de 24 meses con una cuota diaria de 15.000 pesetas, con arresto sustitutorio en caso de impago, y de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier cargo en la carrera judicial durante 20 años y de pérdida definitiva de su cargo de magistrado.