Montoro advierte a las grandes empresas sobre los excesos en las prejubilaciones
El secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, advirtió ayer a las grandes empresas de que no pueden racionalizar sus plantillas "cargándolo de forma abusiva a los presupuestos de la Seguridad Social". Montoro, en las jornadas sobre internacionalización organizadas por El Nuevo Lunes y Tabacalera, reconoció la necesidad de las grandes empresas de mejorar su estructura de costes actuando sobre la variable del empleo. Sin embargo, el secretario de Estado pidió "prudencia a estas empresas, en cuanto a la extensión de las prejubilaciones a niveles de edad que no son aceptables", y subrayó que estas regulaciones de empleo proyectan una mala imagen de España. En este sentido destacó la necesidad de que el empleo siga creciendo y aseguró que "las pesonas de 40, 50 y 60 años tenemos mucho que hacer", y añadió que "el Gobierno quiere asegurar un sistema productivo que, además de dar trabajo, no reduzca la edad en la que se puede participar en este trabajo".
Continuando con el debate abierto por el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, su antecesor en el cargo y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Martínez Noval, considera que denunciar en los juzgados los abusos en las prejubilaciones, como anunció ayer el ministro, no es la mejor forma de luchar contra las regulaciones conflictivas, informa Susana Pérez de Pablos. "El ministro de Trabajo tiene otros procedimientos para impedir esta cuestión, porque su ministerio tiene todavía, en el caso de grandes empresas, capacidad suficiente para rechazar o aceptar los expedientes de regulación de empleo", señaló Martínez Noval en San Lorenzo de El Escorial, donde asistió al curso La vigencia de las políticas socialdemócratas, organizado por la Universidad Complutense. La iniciativa de Pimentel que sí le parece aceptable es abrir un gran debate nacional sobre esa cuestión.
La denuncia ante los tribunales es, en opinión del catedrático de Derecho Laboral Ignacio García Perrote, un recurso viable, y argumenta que se puede apoyar en la posible ocultación de un fraude para acceder irregularmente a las prestaciones por desempleo. Otro argumento puede ser la discriminación por cuestión de edad entre los trabajadores de la misma empresa, y que es contraria a la Constitución.
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