La policía grabó decenas de llamadas de presuntos mafiosos

La relación entre Jesús Gil y los presuntos mafiosos italianos Felice Cultrera y su lugarteniente Gianni Mennino ha sido más intensa de lo que ha reconocido el alcalde de Marbella, según asegura la policía. Un informe del Servicio Central de Estupefacientes relata decenas de conversaciones telefónicas entre Gil y los dos italianos ligados al clan de Santapaola. Estas conversaciones, así como varias reuniones, se produjeron entre 1991 y 1993. Doce teléfonos, contratados a nombre de sociedades creadas por los familiares de la juez Pilar Ramírez, estaban pinchados.

El informe policial, fechado el pasado mes de junio, recoge los números de teléfono desde los que hablaban, el día, la hora, los interlocutores y las conversaciones en su totalidad. Los dos italianos llamaban a Gil al Ayuntamiento de Marbella, al Club Financiero, sede de sus negocios, y a otros teléfonos privados. El alcalde comunicaba con ellos telefoneando a sus sociedades. Todos ignoraban que estaban siendo escuchados. En estas conversaciones se habló del intento de compra de acciones del Instituto de Crédito Saudibank por parte de Gil, de la operación para que los presuntos mafiosos se hicieran con la propiedad de Puerto Banús mediante el apoyo del Ayuntamiento marbellí, del ofrecimiento que hicieron los italianos para pagar las campañas del GIL y de otros proyectos de negocios de los que el alcalde de Marbella dice ahora "no haber oído hablar jamás".

Intereses mutuos

La extensa relación de llamadas y su contenido ha sido remitida por la Fiscalía Anticorrupción al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como un anexo de la denuncia presentada ante ese organismo judicial contra la magistrada Pilar Ramírez, decana de los juzgados de Marbella, a la que acusan de resolver casos relacionados con clientes de su familia. Con este informe, firmado por el comisario responsable del Servicio de Estupefacientes, el fiscal Carlos Jiménez Villarejo pretende demostrar "únicamente" la fluida relación de amistad e intereses entre los Ramírez, los italianos y Gil, no la comisión de delitos, según fuentes próximas a la Fiscalía.

La juez Ramírez ha intentado apartar del caso Atlético al juez que lo instruye alegando irregularidades en el reparto. La Fiscalía cree que ésta no debería ejercer en Marbella al tener su familia una extensa red de intereses. El padre de la juez, su hermano y su primo son asesores, abogados y socios de los presuntos mafiosos.

Durante dos años la policía española grabó todas las conversaciones telefónicas de Felice Cultrera y de Gianni Meninno, afincados en Marbella desde hace 15 años. Una operación conjunta de las policías italiana y española les seguía la pista para conocer dónde blanqueaban dinero procedente presuntamente del tráfico de drogas. Los pinchazos fueron autorizados por el juez Baltasar Garzón, que atendió y apoyó la petición de los jueces italianos.

Cultrera y Mennino eran muy cuidadosos. Nunca hablaban de negocios desde sus teléfonos particulares. Lo hacían desde las líneas contratadas a nombre de las sociedades que les habían constituido Juan y Juan Carlos Ramírez, el padre y el hermano de la juez decana de Marbella. Garzón autorizó que se intervinieran una docena de teléfonos, entre los que figuraban los de las sociedades Giamar, Kermosa, Menimar y otras vinculadas a los italianos, a los que la policía relaciona con el clan Santapaola, organización mafiosa liderada por Benedetto Santapaola, familia de la Cosa Nostra en Catania, provincia donde nació Cultrera.

En las charlas entre Gil, cuyos teléfonos nunca fueron intervenidos, y los dos italianos surgieron varias citas a una persona a la que llamaban Juan, y a quien fuentes policiales identifican como Juan Ramírez.

El contacto de Gil con Cultrera se inició al llegar a la alcaldía de Marbella, en mayo 1991. "Gil buscaba inversores y se entrevistó con los italianos, con jeques árabes y con otros grupos que manejaban grandes cantidades de dinero. Quería que le financiara sus proyectos", señalan fuentes policiales.

Gil declaró a EL PAÍS que conoció a los italianos después de que amenazaran a Pedro Román, su ex teniente de alcalde, quien les exigía pagar para recuperar una parcela declarada zona verde. El alcalde dice que no planificó negocios con ellos.