Rato vetará el dominio de la banca en servicios públicos liberalizados

El Gobierno impedirá que las entidades financieras ejerzan una posición dominante en más de una empresa que haya pertenecido a sectores antes regulados y ahora abiertos a la competencia; en concreto, el teléfono, la electricidad, las gasolinas o el gas. Se trata, según explicó ayer el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, en el Congreso, de evitar monopolios de hecho que se traduzcan en acuerdos de precios contrarios a la libre competencia.

La participación de una institución financiera en más de una empresa antes controlada por el Estado o de un mismo sector en proceso de liberalización "no es buena para la competencia". Con este argumento, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, lanzó ayer el aviso de que los servicios de Defensa de la Competencia actuarán contra las situaciones de monopolio de hecho que se den o se puedan producir. Rato respondía así en la Comisión de Economía del Congreso a las críticas del portavoz del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray, para quien el proceso de privatizaciones, prácticamente concluido, ha supuesto poner en manos de "los amigos del Gobierno" -los grandes grupos financieros- la mayoría de las empresas públicas.

Rato le contestó que la participación de los particulares en los procesos de privatización ha sido muy elevada, pese a lo cual admitió que la presencia de las entidades financieras y la concentración de poder "han de tener un límite". Defensa de la Competencia analizará estos casos, explicó, e impedirá que una misma entidad financiera esté en más de un consejo de administración, al haber adquirido una participación suficiente para ello.

Los sectores en el punto de mira del Ministerio de Economía son los del teléfono, la electricidad, el gas y las gasolinas. En telefonía, por ejemplo, antes existía un solo operador con fuerte presencia de capital público (Telefónica) y después se ha dado entrada a nuevos suministradores. El BSCH tiene participaciones en varios de ellos (Airtel, Retevisión y Uni2).

En el sector energético (electricidad y petróleo), en proceso de liberalización, hay participaciones cruzadas de La Caixa, el BBV y el BSCH en Endesa, Iberdrola y Repsol. El objetivo de Rato es actuar contra la posibilidad de que los cambios en la composición accionarial de empresas que actúan en sectores antes regulados supongan el estrangulamiento de la competencia. Es decir, que se pase de los "precios autorizados" a los "precios acordados".

Se intentará evitar que una misma entidad financiera tenga una mayoría de control en más de una empresa de un mismo sector y la ejerza con presencia en los distintos consejos de administración. Esto dependerá de los sectores y de que las empresas estén o no cotizadas en Bolsa, por lo que no se ha señalado un porcentaje fijo que denote esa posición dominante.

El marco normativo no se va a modificar, ya que, según explicó Rato, el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, que previsiblemente se aprobará en el Parlamento antes de final de año, es un instrumento suficiente. En ese proyecto de ley se ha establecido, por ejemplo, la obligación de comunicar al Ministerio de Economía los procesos de concentración empresarial de empresas que facturen más de 40.000 millones de pesetas o controlen más de un 25% del mercado.

Durante su comparecencia en el Congreso, Rato hizo también balance de la situación económica. Resaltó que lo peor de la crisis financiera internacional ha pasado y garantizó que la economía española acabará el año con un crecimiento del 3,5%, como está previsto. Para los próximos años, expresó su confianza en que la actividad se desarrolle a un ritmo superior al 3%.

Objetivos cumplidos

Respecto de la inflación (ahora en el 2,2%), su previsión es que decline en la segunda parte del año y que se cumpla el objetivo del 1,8% en diciembre. En los años posteriores señaló que el objetivo es que los precios no suban por encima del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE) como límite máximo para los países del euro. También en el déficit público se cumplirá lo previsto para este año (el 1,6% del PIB), según el vicepresidente, para llegar al 1% del PIB en el 2000. Rato garantizó que el próximo ejercicio la Seguridad Social presentará un balance equilibrado.

Admitió que en el desempleo la situación debe mejorar y apuntó como medidas necesarias el fomento de la movilidad geográfica, promover el empleo entre las mujeres, descentralizar la negociación colectiva y mantener la moderación salarial. En cuanto a la financiación autonómica, Rato aseguró que el nuevo sistema, que debe entrar en vigor en el 2002, contemplará, como ahora, los impuestos compartidos y la capacidad normativa para las comunidades.