El control del área de urbanismo en Alicante desde la oposición enfrenta a Franco con Pina
La inminente revisión del planeamiento urbanístico de Alicante, con la que el PP pretende recalificar más de 20 millones de metros cuadrados sobre los que hoy no se puede construir para favorecer el desarrollo del sur del término municipal, ha desatado un fuerte enfrentamiento entre el candidato del PSPV a la alcaldía, José Antonio Pina, y la dirección del partido, que capitanea el senador y secretario general Ángel Franco. La postura que adoptará la organización ante la propuesta, y quién asumirá el trabajo de fiscalización a la gestión del PP han provocado el conflicto.
Una vez más, se confirma que el urbanismo es fuente permanente de conflictos entre los políticos de Alicante. La salida al mercado de más de 20 millones de metros cuadrados de suelo urbano y urbanizable, anunciada al final del pasado mandato por los responsables municipales del PP, se traducirá en un formidable negocio de miles de millones de pesetas por el que competirán las más poderosas urbanizadoras de la zona. El candidato socialista a la alcaldía, José Antonio Pina, hizo bandera durante la campaña electoral de una política encaminada a frenar las ansias urbanizadoras del PP y, sobre todo, poner fin a la especulación que soporta el término municipal de Alicante. Por ello, unas semanas antes de la votación decidió recurrir, ante los tribunales de justicia, el plan especial de delimitación de suelo para la construcción del complejo lúdico de la Ciudad de la Luz. La propuesta no obtuvo el respaldo del partido, pero Pina presentó el recurso a título personal, apoyado por el ex diputado socialista Alfonso Arenas. Desde 1995 hasta principios de 1999, coincidiendo con el primer mandato como alcalde del popular Luis Díaz Alperi, ex empresario vinculado a la promoción de viviendas, Alicante ha agotado todo el suelo disponible para construir, circunstancia que desde la izquierda se observa con preocupación. Miles de viviendas de nueva planta y de renta libre se levantan por doquier, mientras crecen las voces que reclaman un crecimiento sostenible y acompasado con la habilitación de zonas verdes, de las que la ciudad es deficitaria como pocas. La intención de Pina de fiscalizar personalmente la gestión urbanística del PP se ha topado con la dirección del partido. El secretario general del PSPV de Alicante, el senador Ángel Franco, pretende que el seguimiento de la parcela municipal más importante recaiga en el concejal Blas Bernal, persona afín al ex presidente de la Diputación y actual vicepresidente de la Cámara de Comercio, Antonio Fernández Valenzuela, que de esta forma influiría de nuevo en la vida política, aunque de forma indirecta, nueve años después de su retiro. En el conflicto, lejos de poder ser considerado una cuestión baladí, subyace el reparto de competencias en el principal grupo de la oposición, incluida la portavocía adjunta, cuando no el control del mismo. Por ello, tras el paréntesis electoral, se han reavivado las tradicionales intrigas de las diferentes sensibilidades que se integran en el PSPV de Alicante, que amenazan con provocar una ruptura similar a la que en 1996 forzó la dimisión del anterior candidato a la alcaldía, Ángel Luna. La diferencia con el conflicto actual estriba en que José Antonio Pina dispone de una mayoría ajustada en el seno del grupo de concejales, órgano al que legalmente compete el reparto de las áreas de trabajo, sin que reglamentariamente el partido pueda interferir. De los once ediles conseguidos por el PSPV en las elecciones del 13 de junio, seis han trasladado al cabeza de lista su apoyo incondicional. Entre éstos se encuentran los dos integrantes del sector renovador (María Sánchez y Antonio Mira-Perceval), y el representante de Nova Esquerra, Pablo Rosser, con el que Pina cuenta para el seguimiento del urbanismo local. El candidato está dispuesto a hacer valer la superioridad numérica si las circunstancias le obligan.
