La juez decana de Marbella decreta que el instructor del "caso Atlético" vulneró las normas de reparto

La juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, ha resuelto la queja de los abogados del alcalde Jesús Gil, en el sentido de que el juez de instrucción número 7 de la localidad, Santiago Torres, vulneró las normas de reparto de asuntos penales al atribuirse la instrucción del caso Gil, según informaron fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. La juez decana no decreta la nulidad de las actuaciones, como pidieron los defensores, pero deja abierta esa posibilidad al ofrecer al alcalde de Marbella acciones que previsiblemente desembocarán en el reparto del caso a otro juez, ante el que las defensas deberán plantear la nulidad del proceso. El juez Torres impuso ayer una fianza de cinco millones al hijo de Gil.

La decisión de la juez Pilar Ramírez de estimar fundada la queja del abogado de Jesús Gil, Horacio Oliva, implica que habrá que dibujar de nuevo el mapa procesal del caso Gil. Hasta conocer en su integridad la resolución de la juez decana, las fuentes consultadas apuntan a que el juez Santiago Torres puede quedar apartado de la instrucción, de la que tendría que hacerse cargo otro juez de Marbella previo reparto por sorteo. La Fiscalía Anticorrupción trató de evitar este pronunciamiento con una doble recusación para que la juez Ramírez no resolviese la queja. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estimó que la medida carecía "absolutamente de virtualidad".

El pasado abril, la defensa de Jesús Gil elevó una queja a la juez decana por lo que definió como "una actuación combinada" de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Torres para "burlar las normas de reparto" de asuntos penales. Según estas normas, todas las querellas que se presentan en el juzgado de guardia "serán repartidas por sorteo entre todos los juzgados de instrucción".

La querella del fiscal Anticorrupción contra Gil no fue repartida por sorteo, sino que se la quedó el juez que estaba de guardia, Santiago Torres. Según los abogados de Gil, el escrito que adjuntaba el fiscal pidiendo la práctica de registros urgentes sólo podía "servir de percha para conculcar esa norma".

Según el escrito de queja, resultaba "asombroso" que, "de no mediar connivencia" entre el juez y el fiscal, el juzgado hubiese tenido tiempo de estudiar en una mañana "una querella de 30 folios y 165 documentos", decretar su admisión a trámite, ordenar el registro del Ayuntamiento de Marbella, de la empresa Eventos 2000 y del Atlético de Madrid, remitir a Madrid los exhortos, practicar las notificaciones y tener dispuesta, "nada menos que a las 13.15 horas, una comisión judicial que se personara en las sedes del Ayuntamiento de Marbella y del Atlético, todo ello con el auxilio del juzgado de guardia de Madrid, que, no menos milagrosamente, acepta el cumplimiento del exhorto esa misma mañana".

La juez decana no entra a valorar si el juez Torres hizo una mala interpretación de las normas de reparto, pero afirma que se vulneraron dichas normas. En consecuencia, considera fundada la queja de la defensores de Gil pero, en vez de declarar directamente nulas las actuaciones como éstos habían solicitado, se limita a ofrecerles las acciones pertinentes a fin de restablecerles en su derecho.

Según las fuentes consultadas, si Gil pide que se reparta la querella, se incoará un expediente de reparto y se retirará del caso al juez Santiago Torres. Después serán los defensores de Gil los que tendrán que plantear la nulidad de las actuaciones ante el nuevo instructor, y quedará a criterio de éste decidir, en su caso, cuáles se declaran nulas. La defensa de Gil ya ha anunciado que pedirá la nulidad de toda la causa.

Además, la juez decana ha vuelto a poner en conocimiento del fiscal general del Estado las actuaciones del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y del fiscal del caso, Carlos Castresana. La actuación del juez Santiago Torres la ha dirigido al CGPJ.

En la que podría haber sido su última actuación como juez del caso Gil, el juez Torres impuso ayer una fianza de cinco millones de pesetas a Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético de Madrid e hijo del alcalde de Marbella; a Rafael González Carrasco, delegado de Hacienda del Ayuntamiento y a Modesto Perodia, gerente de la empresa municipal Eventos 2000, quienes tendrán que abonar esa cantidad antes de cinco días si no quieren ingresar en prisión, informa Ana López Escudero desde Marbella. Las defensas anunciaron que van a recurrir.