El juez del "caso Marbella" decide hoy las medidas cautelares contra Gil Marín

El director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, hijo de Jesús Gil, alcalde de Marbella (Málaga), deberá comparecer hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de esta ciudad, Santiago Torres, junto con otros seis imputados en el caso del presunto desvío de dinero del Ayuntamiento al club de fútbol para escuchar las medidas cautelares que ha decidido adoptar contra ellos hasta el juicio. En el auto de apertura del juicio oral, Torres indica que, "habiéndose interesado por las acusaciones la adopción de medidas cautelares de índole personal contra acusados contra los que previamente no se había adoptado medida cautelar alguna", procede citar para el lunes [hoy] en el juzgado a los siguientes imputados: Miguel Ángel Gil Marín; Modesto Perodia, gerente de la sociedad municipal marbellí Eventos 2000; Julián Muñoz, teniente de alcalde; Rafael González, concejal de Hacienda; José Ramón Guimaraens, directivo de Dorna; Pablo de Castro, auditor del Atlético, y Luis Cuervas, ex presidente del Sevilla.

Torres no hace mención alguna al carácter de tales medidas, pero fuentes cercanas al caso informaron a la agencia Efe de que podrían consistir en la prisión preventiva eludible con fianza.

La acusación particular, ejercida por el PSOE, solicitó en su escrito de calificaciones fianzas de cinco millones de pesetas para Gil Marín, Perodia, Muñoz y González, de dos para Guimaraens y De Castro y de uno para Cuervas.

27 años de cárcel

Los delitos de los que está acusado el director general del Atlético son falsedad documental, tráfico de influencias, malversación de fondos y prevaricación. La pena contra él solicitada por el fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, en su escrito de calificación es de 27 años de cárcel y 32 de inhabilitación. En cuanto a los demás imputados que comparecen hoy ante Torres, Perodia se enfrenta a una petición de diez años de cárcel; Muñoz, a nueve años de inhabilitación; González, a cinco años y diez meses de prisión; Guimaraens, a diez meses de prisión y nueve años de inhabilitación, y Cuervas, a cinco años de prisión y nueve de inhabilitación.

A De Castro lo incluye el juez a petición de la acusación particular. El fiscal lo cita sólo como testigo.