PP y PA denuncian a la Junta Electoral por permitir un mitin del GIL

El PP y el PA de Marbella presentaron ayer una denuncia contra la Junta Electoral de Zona en el juzgado de instrucción número 5. La acusan de haber autorizado un mitin del GIL el miércoles y otro ayer mismo en lugares no ofertados al resto de formaciones políticas, pese a que un auto de ese juzgado lo prohibía. Los dos partidos consideran que el órgano competente para dar el permiso era la Junta Provincial y, en cualquier caso, no encuentran justificada la urgencia con que se otorgó. La Junta Electoral de Zona había desestimado el 7 de junio, en virtud del derecho de libertad de reunión, la suspensión de otros mítines del GIL en lugares que no habían sido ofrecidos por el Ayuntamiento. La denuncia de los partidos de la oposición dice que, en función de la ley que regula este derecho, la celebración de actos en un lugar de tránsito público "deberá ser comunicada por escrito a las autoridades competentes gubernativas" al menos diez días antes. Es algo que no hizo el GIL hasta el miércoles, después de tener conocimiento del auto del juzgado que suspendía de forma cautelar los dos mítines salvo contraorden de la Junta Electoral. Pero, según la denuncia, este órgano no es competente para dar tal permiso: la ley dice que esta función corre a cargo la Junta Electoral Provincial en tiempo de elecciones. Además, la autorización la firmó sólo su presidente, aunque la ratificó anoche la Junta Electoral de Zona. La número dos de la lista del PP, Francisca Caracuel, manifestó ayer su "extrañeza y preocupación" por las resoluciones de Junta Electoral de Zona, que "están causando un perjuicio enorme" al resto de partidos políticos porque ha desestimado "una a una" sus principales quejas. Carlos Fernández, candidato del PA, denunció "un trato desigual hacia las fuerzas democráticas". Pero fue más allá y aseguró que la composición de la Junta Electoral es cuanto menos "especial y atípica". La Junta, que es designada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, está presidida por el juez decano de Fuengirola, Francisco Escobar, quien además de haber sido presidente del Sevilla F.C. entre octubre de 1995 y febrero de 1996 es, según Fernández, "íntimo amigo del abogado de Gil, José María del Nido". Los vocales judiciales son la jueza decana de Marbella, Pilar Ramírez, contra la que el fiscal anticorrupción puso una recusación por favoritismo hacia Gil, y Antonio Navas, juez de instrucción de esta ciudad. Además hay dos vocales no judiciales, propuestos por el PP y el PSOE. PA y PP han pedido a la Junta Electoral de Zona que prohíba el periódico La Tribuna y los informativos en la Radiotelevisión de Marbella los días 11, 12 y 13. Quieren evitar así "la utilización partidista y la difamación de la oposición" desde los medios municipales. Financiación ilegal Por otro lado, el PSOE de Marbella ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra Gil por supuesta malversación de fondos públicos en las elecciones generales de 1993. La denuncia se basa en el pago de medio millón de pesetas en cinco talones, cuatro de ellos firmados por el ex teniente de alcalde, Pedro Román, a favor de I.P.J, una persona que trabajó para el GIL en aquella campaña electoral. Según los socialistas, el dinero salió de una cuenta en el Banco de Andalucía, cuyo titular es la sociedad municipal de Marbella Turismo 2000. Gil desmintió ayer estas acusaciones. En un comunicado aseguró que la campaña fue financiada "íntegramente" con fondos de su partido. "Es totalmente falso que se pagase cantidad alguna a través de Turismo 2000", concluyó.