El Defensor del Pueblo pide que se expediente a los policías absueltos de violar a una brasileña

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha pedido al director de la Policía, Juan Cotino, que abra expediente disciplinario contra los tres agentes absueltos en relación con la violación de una brasileña, en 1995, en los calabozos de la comisaría de Bilbao. Cree que incurrieron al menos en "una actitud gravemente negligente en su deber fundamental de asegurar la integridad física" de la detenida, además de resaltar su "actitud obstruccionista durante el proceso judicial". El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo ayer que desconocía este caso hasta que lo ha leído ahora en la prensa.

Ayer arreciaron las voces tanto desde la Asociación Pro Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo como desde partidos y sindicatos policiales para exigir la expulsión de los tres agentes relacionados con la violación de la brasileña Rita Margarete G., ocurrida el 29 de agosto en un calabozo de la Jefatura de Policía de Bilbao. El Tribunal Supremo confirmó el mes pasado la absolución de los tres encausados, aunque a la vez animaba a la Dirección General de la Policía a proseguir la investigación en el terreno "administrativo y disciplinario".El Defensor del Pueblo, a tenor de "la alarma social creada por el conocimiento de estos hechos, ha decidido solicitar al director general de la Policía la apertura del correspondiente expediente disciplinario, sin perjuicio de la decisión que adopte la Audiencia Provincial de Vizcaya". Este órgano judicial pedirá una investigación para aclarar si hay agentes que, conociendo los hechos, no actuaron y protegieron al culpable.

Proceso administrativo

Según fuentes de Interior, en 1995 se inició un expediente administrativo que sigue abierto, aunque ahora proseguirá por hechos relacionados con la actividad profesional de los tres agentes, y no por delito doloso, al ser absueltos.

La Asociación Pro Derechos Humanos considera "verdaderamente alarmante que en dependencias donde sólo pueden acceder policías se produzca la violación de una mujer -emigrante en trámites de expulsión- y ningún policía sepa que otro está realizando un acto criminal de violación". "El imperio de la impunidad se instalará en calabozos y comisarías, de no expulsarse a los tres policías".

El Sindicato Unificado de Policía expresó ayer su "vergüenza" y "repugnancia" por lo ocurrido y "exige la expulsión del Cuerpo de un individuo que no es digno de vestir" el uniforme. "Apoyaremos cuantas medidas se adopten desde la Dirección General de la Policía, sabiendo que ha existido, desde que se inició el procedimiento hasta la fecha, una actuación negligente de los mandos responsables de la investigación" que "asumieron el esclarecimiento de los hechos como si de un acto rutinario y leve se tratara, cuando exigía actuaciones más rigurosas y diligentes".

Jueces para la Democracia demanda que, para evitar que la violación quede impune, "se inicie una nueva investigación judicial para exigir responsabilidades penales a los encubridores". Y entiende que "corresponde a Interior depurar las responsabilidades disciplinarias" y al ministro "ofrecer a la sociedad explicaciones públicas de las medidas que se adopten". Mayor declaró en la cadena SER que "no conocía esta cuestión hasta estos días" y anunció que se abrirá un expediente y "se actuará en consecuencia".

Sin explicaciones

La diputada del PNV Margarita Uría pidió en julio de 1998 la comparecencia de Mayor Oreja ante la comisión mixta de la Mujer para que diera explicaciones sobre esta violación. Pero el ministro no ha llegado a dar nunca explicaciones, pese a que Uría las ha solicitado repetidamente. "Yo estoy segura de que el ministro", dijo, "está enterado de este caso de violación desde hace tiempo".

¿Cómo se ha llegado a esta situación? La Audiencia de Bilbao creyó en "más de un 90%" a Rita cuando acusó al policía Valentín G.G. de haberla violado. A pesar de ello, el tribunal no pudo condenar al acusado ni a sus dos compañeros -José Luis F. R. y Arturo S. P. - a los que se les achacó un delito de complicidad, por las imprecisiones en las que incurrió la víctima. Así se recoge en las sentencia absolutoria de la sala segunda de la Audiencia de Bilbao del 4 de junio de 1998, que fue confirmada el 23 de abril por el Supremo.

La sala creyó a Rita y reconoció en el fallo que, a pesar de la absolución de los acusados, la sentencia estaba "mucho más próxima a las tesis acusatorias que a las del ministerio fiscal y las defensas". Agregaba que "son las dificultades propias de una prueba de reconocimiento en rueda como prueba única de la persona del autor, y no la sospecha de que Rita mienta, las que llevan a la libre absolución". La credibilidad que otorgó el tribunal a la víctima no lo hizo extensible al supuesto violador, cuya coartada "se tambalea".

El tribunal reparó también en que Rita hizo una primera descripción de su violador en la que indicaba que "era de unos 40 años, de pelo oscuro, de 1,70 ó 1,80, no gordo, pero fuerte". Después aseguró que le reconoció por la cara, las entradas en el cabello y los ojos. "Obsérvese que ninguna de las características determinantes del reconocimiento aparecen en su primera declaración, y el único que aparece es erróneo, ya que Valentín G. G. [el acusado] no tiene el pelo oscuro, sino claro", incidió el fallo judicial. El fiscal negó incluso la violación, no acusó en el proceso, y concluyó: "Antes teníamos dudas y ahora han aumentado. Rita no dice la verdad. No hay datos para creerla".