La reducción de jornada ha creado o salvado 56.767 empleos en Francia

Sin cohetes ni champaña, pero conservando su proverbial optimismo, la ministra de Empleo francesa, Martine Aubry, anunció ayer que la reducción del tiempo de trabajo hasta las 35 horas semanales ha permitido crear o preservar un total de 56.767 empleos. Con su aplomo habitual, Martine Aubry afirmó que el resultado supera con creces la previsión de 40.000 nuevos empleos que tenía su ministerio. El Gobierno prepara ahora la segunda ley que establecerá el marco definitivo de la semana laboral.

Pese a la aparente satisfacción de la ministra, el resultado oficial sobre la aplicación, todavía limitada, de las 35 horas semanales está lejos de disipar la incertidumbre que esta iniciativa legislativa suscita. Los avances de resultados confirmaban la irrealidad de aquellas otras proyecciones, de 140.000 empleos durante el primer año, 700.000 en total, que los expertos ministeriales realizaron hace un año, al calor de los debates previos a la aprobación de la primera ley.De entrada, la cifra facilitada por la ministra incluye los más de 13.000 empleos creados por las grandes empresas públicas, invitadas a dar ejemplo, y abarca igualmente los "compromisos" de ampliación de plantilla establecidos en los acuerdos de empresa y aquellos puestos, 14.000, que supuestamente estaban condenados a desaparecer.

Nadie duda tampoco de que algunas empresas han utilizado de manera oportunista las ayudas financieras de las 35 horas a la hora de acometer proyectos de expansión y contratación que, en cualquiera de los casos, pensaban llevar a cabo. El impacto real debe estar entre los 15.000 puestos de trabajo que concede la muy irritada patronal y el número presentado ayer por Martine Aubry.

Al Gobierno le quedan todavía por contabilizar las semanas que restan hasta el 30 de junio próximo, fecha en la que debe retirar la ayuda máxima de 10.000 francos (250.000 pesetas) por nuevo empleado, condicionada al aumento mínimo del 6% de los efectivos y a la reducción de un 10% de tiempo de trabajo, con que pretende incentivar las implantación de las 35 horas.

Aunque los más de 4.000 acuerdos de empresa suscritos hasta ahora afectan a 1,1 millones de asalariados, la impresión dominante es que los empresarios, preferentemente -como no podía ser menos, dada la campaña de frontal oposición mantenida por la patronal-, pero también parte de los sindicalistas, están a la espera de saber qué va a pasar con la segunda ley

Más medidas en otoño

Esa ley, a aprobar en otoño próximo, además de fijar el tiempo legal de trabajo en las 35 horas a partir del 1 de enero del año 2000 (el 2002 para las empresas de menos de 20 empleados), deberá concretar los límites en el número y el precio de las horas extraordinarias, un asunto capital que, sin duda, dará lugar a arduas discusiones en el seno de la izquierda plural, enfrentada al dilema de cómo compaginar flexibilidad y obligatoriedad.

Una de las incógnitas claves acaba de ser despejada con el anuncio del primer ministro, Lionel Jospin, de que las empresas que cumplan con las 35 horas se beneficiarán de una reducción de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social en los salarios inferiores cuyo montante no supere en 1,8 veces el sueldo mínimo. La reducción de las cargas patronales que proyecta el Ejecutivo socialista supondrá finalmente un total de 65.000 millones de francos (1,6 billones de pesetas), de los cuales el Gobierno piensa recuperar 25.000 millones de francos a través de la implantación de la ecotasa, que gravará la polución y el consumo de energía, y de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas que superen los 50 millones de francos en cifra de negocio.

El Gobierno de la izquierda plural inventa así la "solidaridad empresarial", de forma que las empresas más ricas ayudarán indirectamente a sostener los puestos de trabajo de salarios más bajos y parte del sobrecosto que conlleva la aplicación de las 35 horas. Ante esta perspectiva, la patronal Medef ha puesto el grito en el cielo advirtiendo del riesgo de fuga de empresas y del peligro de pérdida de competitividad.

A cambio de la semana laboral de las 35 horas y la creación de empleo, los asalariados van a aceptar, además de cierta contención salarial, la flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, algo que resultaba impensable hace poco tiempo en Francia, vista la actitud de los sindicatos y del conjunto de la izquierda.

Gilles de Robien, diputado del partido centrista UDF y autor del primer texto legislativo francés que planteó la reducción del tiempo de trabajo, auguró ayer, en una entrevista al diario económico Les Échos, que "la reducción autoritaria del tiempo de trabajo es cara y no va a funcionar". Lo que es seguro es que la iniciativa gubernamental ha impuesto en las empresas un diálogo sin precedentes entre empresarios y asalariados -una de cada dos empresas está inmersa en la negociación-, y que la creación de empleo está siendo elevada a la categoría de deber social.