El PP rechaza ampliar las ayudas para equiparar a todos los damnificados de Tous

El Congreso de los Diputados autorizó ayer el crédito extraordinario de 9.300 millones de pesetas que ya ha sido distribuido entre los 5.000 afectados de la pantanada de Tous que recurrieron a la vía judicial y empezaron a cobrar ayudas después de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 15 de abril de 1997. El PP rechazó cuatro enmiendas que pretendían equiparar las indemnizaciones recibidas por los afectados que esperaron la sentencia con las que cobraron los 28.000 daminificados que se acogieron a las ayudas repartidas por decreto en 1993 y 1995.

La rotura de la presa de Tous en 1982 y la posterior riada afectó a unos 33.000 habitantes de la comarca de La Ribera y provocó unos daños estimados en su día en unos 55.000 millones de pesetas. La sucesión de pleitos para determinar las responsabilidades se cerró en abril de 1997 con una sentencia firme del Tribunal Supremo que señaló al Estado como responsable civil subsidiario. Sin embargo, sólo 5.270 afectados esperaron a la resolución judicial, que estableció una indemnización conjunta de 9.393 millones de pesetas, que ayer fue tramitada por el Congreso. Ya han distribuido 6.567 millones entre 3.429 afectados en virtud de un adelanto de tesorería aprobado por el Gobierno en julio de 1998 para cumplir la sentencia judicial y evitar los retrasos provocados por la tramitación parlamentaria. José Ramón Pascual, diputado del PP, afirmó en el Congreso que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana "está buscando por todos los medios posibles a los que faltan por recibir su indemnización y que, por distintas causas, no la han cobrado". El PSOE, Izquierda Unida, Nova Esquerra y Unión Valenciana plantearon sendas enmiendas para que los 28.000 afectados que no esperaron a la sentencia firme mejoraran las ayudas que recibieron a partir de los dos reales decretos aprobados bajo administración socialista en 1993 y 1995. Pero los populares, con el apoyo de Convergència i Unió, rechazaron cualquier revisión al alza de los créditos. Pedro Grande, candidato socialista a la alcaldía de Alzira, que acudió al debate celebrado en el Congreso, dijo sentirse "defraudado" por el resultado de la votación. Grande recordó que el crédito extraordinario aprobado es "de obligado cumplimiento" a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Tercer decreto La decepción se extendía entre los representantes comarcales de Esquerra Unida. Domingo Morcillo, alcalde de Alberic y coordinador general de la coalición de izquierdas en La Ribera Alta, anunció que Izquierda Unida presentará la próxima semana una nueva iniciativa parlamentaria "con el fin de exigir un tercer decreto". Ricardo Peralta, diputado nacional de Nova Esquerra, lamentó que se dejara pasar una oportunidad para alcanzar una solución "justa y definitiva" del caso Tous, "que no puede ser otra que la de reconocer a todos los damnificados, sin excepción ni discriminaciones, el derecho al cobro de las indemnizaciones con arreglo a los criterios fijados por el Tribunal Supremo y la Audiencia de Valencia". NE destacó que "tan lamentable como el cambio de posición del PP, en relación con las peticiones defendidas cuando estaba en la oposición y las promesas efectuadas pública y solemnemente por Eduardo Zaplana y José María Aznar en reiteradas ocasiones, resulta la actuación observada en el grupo de Convergència i Unió que ha votado junto con el PP en contra de los derechos de los miles de damnificados y que ha tenido una actuación decisiva" Peralta comentó que "lo ajustado de las votaciones, tan sólo 13 votos de diferencia a favor de las posiciones del PP y CiU, acredita que sólo se ha perdido una ocasión y que, más pronto que tarde, este resultado, con el esfuerzo y perseverancia de todos, se conseguirá". José María Chiquillo, diputado nacional de Unión Valenciana, también solicitó un tercer Real Decreto de acuerdo con los compromisos del PP, para romper la discriminación y desigualdad de las indemnizaciones. Chiquillo aludió al caso Tous como "la asignatura pendiente de la democracia" e insistió en que el PP mantiene "una deuda" con los damnificados. Fuentes del Bloc Nacionalista Valencià se sumaron a las críticas vertidas por la oposición y recordaron las "promesas incumplidas" formuladas por José María Aznar cuando era candidato a la presidencia del Gobierno. También censuraron el compromiso "ridículo y poco serio" adquirido por Zaplana. El presidente de la Generalitat, por su parte, aseguró que tiene la intención de "buscar todas las posibilidades de entendimiento y de acuerdo con los damnificados". Zaplana apuntó que "ésta es la primera vez que hay un Gobierno que está resolviendo un conflicto que surgió en el año 1982 y desde entonces nadie ha tomado ninguna iniciativa". El presidente recalcó que los damnificados "sólo encontraron incomprensión y puertas cerradas" desde 1982, cuando ocurrió "la tragedia" hasta 1995. Y añadió: "Ha tenido que venir un gobierno del PP para que se tomen medidas, se aprueben decretos y para que se palíen aquellos daños con una responsabilidad y de forma urgente".