Pulso entre el modelo educativo público y privado

La implantación de la reforma educativa de la LOGSE en la Comunidad Valenciana, en los últimos cuatro años, se ha convertido en un pulso entre el modelo de enseñanza pública y el privado, con un árbitro de lujo: la Administración del PP. La Comunidad es la única de las autonomías con plenas transferencias en materia de educación que, justo en el momento de empezar a generalizarse la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), tropezó con un cambio de gobierno. Esta situación hace, pues, que el caso valenciano sea particular y se aleje de la continuidad política que ha marcado la puesta en marcha de la reforma en Galicia, País Vasco y Cataluña. La llegada de los populares a la Generalitat Valenciana, una formación que había votado en contra de la reforma educativa en el Congreso, se ha caracterizado por una tensa etapa de relaciones con los sindicatos de la enseñanza y las asociaciones de padres de alumnos, que ha estado marcada por dos temas fundamentalmente: las presiones para que el PP diseñara el mapa escolar de construcciones, y después para que éste se cumpliera; y las reivindicaciones sindicales para acabar con la inestabilidad laboral de los docentes, unido esto a la aún hoy por hoy aplazada revisión de las condiciones retributivas del profesorado valenciano. Ambas cuestiones han sido los dos caballos de batalla que han hecho de la Consejería de Educación y Cultura, una dependencia que gestiona el 30% del presupuesto autonómico (290.000 millones sólo en el área educativa), una olla de presión política con un resultado sin precedentes en la democracia española: cuatro consejeros en cuatro años. El incumplimiento del mapa de construcciones, toda vez que la Administración se comprometió a realizar 117 nuevas instalaciones para implantar en condiciones la ESO, ha sido el eje central de las constantes movilizaciones que se han llevado a cabo sistemáticamente desde finales de 1995. Según datos de la propia Consejería de Educación, el número de institutos o secciones de Secundaria ha pasado de los 250 de la era socialista a 279 en la actualidad. Es decir, sólo 29 centros más. Esto hace que oficialmente se haya reconocido que, durante el curso que acaba, el 70% de los alumnos de 1º de ESO de la red pública han seguido escolarizados en colegios de Primaria. Las expectativas para el curso que viene son similares. Alianzas naturales Mientras, el peso de la enseñanza privada se ha dejado sentir con fuerza en la Comunidad. La alianza natural del PP con los empresarios se ha consolidado administrativa y económicamente. La normativa para renovar automáticamente los conciertos de Secundaria con los centros privados que ya tenían implantada la antigua EGB ha rebajado presión al ritmo de construcciones que se había pactado en el mapa, permitiendo el trasvase del alumnado de la red pública a la privada. Un total de 261 centros privados cuentan con el visto bueno de la Administración para readecuar sus instalaciones e impartir ESO. De éstos, 85 aún no han concluido las reformas, pese a que, según CC OO, "la ayuda a la capitalización de los centros de propiedad privada ha demostrado la generosidad del PP con sus amigos", mediante "el incremento sustancial de la línea 407 de los presupuestos, destinada a financiar los intereses de operaciones de crédito para infraestructuras públicas y privadas, que ha pasado de 10.000 millones a 72.000". En la actualidad -según los datos cruzados ofrecidos por el ex consejero Francisco Camps y los más recientes mostrados por el actual titular, Manuel Tarancón- un total de 30.560 niños de Educación Infantil inician su primeros pasos educativos en centros privados (frente a los 68.539 que lo hacen en la red pública) lo que representa un 31%. La cifra se consolida en el tramo de Secundaria: 48.725 jóvenes están matriculado en centros concertados, lo que representa el 42%. Todo ello ha sido posible mediante una doble estrategia. Por un lado, una hábil política de alianzas con las patronales de la enseñanza privada en el Consell Escolar Valencià, que ha permitido la aprobación de polémicos decretos como el de admisión de alumnos. Un modelo por el que se suple el déficit de institutos de Secundaria, ofreciendo a los padres hasta cuatro opciones de matriculación en centros concertados, de no haber plaza en el correspondiente instituto público de barrio. Y, por otro, una eficaz política de acercamiento a las direcciones de las federaciones de padres, que ha debilitado considerablemente el movimiento de renovación pedagógica edificado en la etapa socialista. El primer síntoma de esta alianza se vio poco antes de las elecciones generales de marzo de 1996, cuando José María Aznar, aún presidenciable, pidió al Gobierno Zaplana que desactivara las movilizaciones en las calles en defensa de la escuela pública. Poco después, las federaciones de padres de Castellón y de Alicante se desmarcaban de las reivindicaciones. Tras cuatro años, el único bastión progresista que quedaba, la federación de la provincia FAPA-Valencia, atraviesa una de sus peores crisis. Ayer, sin ir más lejos, la dirección de la ciudad de Valencia acusaba a la consejería de crear "comisiones de servicios" para los padres "liberados", por el módico precio de cuatro millones al año. El presupuesto para los sindicatos de la enseñanza se ha congelado en 10 millones, mientras el destinado a los padres alcanza oficialmente ya los 80 millones. Pero donde el control ideológico se ha hecho más palpable ha sido en el espinoso tema del valenciano. La polémica normativa -aprobada en las Cortes por el PP y UV- por la que la consejería ordena a los inspectores fiscalizar la docencia de los profesores de valenciano que utilicen términos tildados de "catalanismos", ha sido la gota que ha colmado el vaso. El Manifesto por la libertad de cátedra firmado por 7.000 intelectuales, políticos nacionales y profesores resume el intervencionismo que permea el mundo educativo, en el que las editoriales de libros de texto se han visto obligadas a hacer dos ediciones, una nacional y otra valenciana, para evitar la censura. º