El 82% de los hombres denunciados por violencia conyugal queda sin condena

La asociación de mujeres juristas Themis y el Consejo de la Mujer de Madrid consideran que la judicatura regional dista mucho de estar sensibilizada con el problema de la violencia doméstica. Ésa es su conclusión tras analizar 2.430 procedimientos judiciales sobre agresiones conyugales. En ellos, nueve de cada diez víctimas eran mujeres. Estas entidades critican que los jueces califiquen habitualmente estos hechos como faltas, no como delitos, lo que "minimiza" las penas. También denuncian que el 82% de los casos son absueltos o sobreseídos y sólo el 18% condenados.

María Durán, presidenta de Themis, es tajante: "En la aplicación del derecho, el tratamiento es diferente según sea hombre o mujer el destinatario de la norma. Es algo que sabíamos por nuestra práctica cotidiana, pero ahora tenemos datos que lo demuestran". Un grupo de 16 letradas de esta asociación ha estudiado durante dos años 2.430 procedimientos judiciales iniciados de 1992 a 1996, actualizándolos con otros posteriores. El estudio lo ha costeado el Consejo de la Mujer, organismo formado por varias ONG.Los expedientes analizados suponen el 13% de los que se tramitan en los juzgados de instrucción madrileños, el 32% de los dirimidos en las salas de lo penal de la región y todos los que llegan a la Audiencia Provincial (los más graves).

En el 90% de los procedimientos, la víctima es la mujer, y sólo en un 16% el agresor tenía problemas de alcohol.

Las juristas de Themis consideran que entre los jueces, policías y fiscales predomina la idea de que la agresión a la pareja es un asunto de la esfera privada y no un problema social con graves repercusiones. "Ninguna modificación de la ley servirá para nada si no cambia esa mentalidad", asegura Durán.

La citada entidad critica también que las denuncias por agresiones físicas y verbales contra el cónyuge suelen ser calificadas como faltas, cuyo castigo es mucho más leve.

Faltas y delitos

"Eso no ocurre, por ejemplo, en los robos, donde, aunque la cuantía de lo sustraído no sea excesiva, el hecho suele tipificarse como delito", añade. Por cada 300 juicios de faltas por estos asuntos sólo se siguen tres procedimientos en los juzgados de lo penal y uno en la Audiencia.Del análisis de los procedimientos, concluyen que un 3% de las agresiones físicas calificadas como faltas debían haberse considerado delitos, y que ocurre lo mismo con un 30% de las amenazas de muerte. Una de las consecuencias de este hecho es que el juez no puede dictar medidas cautelares de protección a la víctima si la agresión está tipificada como falta.

Las autoras del estudio también destacan que las denuncias policiales en estos casos suelen ser incompletas, salvo cuando los hechos son luctuosos. "Los agentes no practican diligencias como la inspección ocular, el reportaje fotográfico o la localización de testigos", afirman. Critican asimismo la "escasa actuación" de los fiscales en los procedimientos. "De todo esto se deriva el elevado índice de absoluciones por falta de pruebas", añaden.

De los expedientes estudiados, un 51% ha finalizado con la absolución del denunciado; un 29%, con el sobreseimiento de la causa, y sólo un 18% con una condena. Además, según denuncia Themis, los jueces, cuando condenan, suelen imponer las penas mínimas. En un 56% de los casos las víctimas retiran la denuncia, no van al juicio o perdonan al agresor en la vista oral. Themis lo atribuye "a la falta de mecanismos judiciales de apoyo y protección integral a las víctimas". "No se les pregunta si sufren presiones de su cónyuge para que retiren la denuncia", afirman. Además, en los juicios de faltas no se asigna abogado de oficio, con lo que muchas mujeres, desconocedoras de que hay asociaciones con ayuda letrada gratuita, acuden solas a la vista.

Ante esta situación, el Consejo de la Mujer y Themis reclaman mayor protección. También proponen que en todos los casos se realicen informes médicos y psicológicos y que se cree una fiscalía especializada. Proponen que cuando la víctima plantee retirar la denuncia los jueces practiquen diligencias para ver si lo hace presionada.