El fiscal archiva la investigación sobre una factoría de la Armada

La Fiscalía del Tribunal Militar Central ha archivado las diligencias abiertas para aclarar presuntas irregularidades económicas en la factoría de subsistencias de la Jurisdicción Central de la Armada, en Madrid, "por no revestir los hechos investigados caracteres de delito castrense alguno".Dichas diligencias se abrieron el 18 de junio del año pasado, después de que EL PAÍS facilitase a la Fiscalía Togada de la Sala de lo Militar del Supremo más de 40 documentos, muchos de ellos originales, de los que se deducía la presunta existencia de una caja b o fondo económico irregular en la citada factoría, que suministra alimentos a todas las dependencias de la Armada en la zona centro de España y a otras instalaciones militares.

Recientemente, la Sala de lo Militar del Supremo acordó también devolver al Juzgado Togado Militar Central número 2 el sumario por la existencia de un fondo extrapresupuestario en el arsenal de La Carraca (Cádiz) entre marzo de 1991 y noviembre de 1992. El Supremo se hizo cargo de la investigación al aparecer presuntamente implicado el anterior jefe del Estado Mayor de la Armada, Juan José Romero Caramelo, que mandaba el arsenal cuando sucedieron estos hechos.

Según el instructor, este fondo, aunque irregular, se utilizó para sufragar gastos públicos y no privados, por lo que no cabe la imputación de delito, aunque sí podría existir una falta disciplinaria que, en todo caso, ya habría prescrito. La Sala de lo Militar del Supremo consideraba hasta ahora delito el uso para fines públicos, pero distintos de los previstos, de fondos económicos.

El magistrado instructor considera, sin embargo, que el nuevo Código Penal ha reducido estas conductas a falta administrativa y no cabe mantenerlas como delito en el ámbito castrense.

Romero Caramelo fue relevado el 27 de junio de 1997, un mes después de que EL PAÍS revelase un auto del Tribunal Militar Central que apreciaba irregularidades en su gestión al frente del arsenal. Un capitán de navío y un sargento primero fueron condenados por las irregularidades económicas en La Carraca.