El PSOE acusa a Arias-Salgado de ocultar sus intereses empresariales
El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, compatibilizó en 1993 su escaño de diputado con sus responsabilidades en la sociedad Segurisa, en la que cesó como presidente en abril de 1993 y como consejero en noviembre del mismo año. Entre junio y septiembre, Segurisa contrató servicios con la Administración por importe de 24 millones. Arias-Salgado, según el PSOE, incumplió la Ley de Régimen Electoral que prohíbe a diputados y senadores gestionar sociedades que contratan con la Administración. El ministro, según las explicaciones proporcionadas por escrito al Congreso por el Gobierno, cesó como presidente de Segurisa (posteriormente absorbida por Sagital) el 16 de abril de 1993. Sin embargo, se mantuvo como consejero de esa sociedad -en la que además poseía un 6,9% del capital- hasta el 23 de noviembre del mismo año. Es decir, desde junio en que fue elegido diputado hasta noviembre, Arias-Salgado compatibilizó su escaño con el cargo de consejero de Segurisa-Sagital.
El problema está en que esta empresa, según la documentación que obra en poder de este periódico, contrató en dicho periodo con diversos organismos del Estado, lo que choca con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que estipula que ser parlamentario es incompatible con "el desempeño de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento en empresas o sociedades arrendatarias o administradores de monopolios".
En 1993, Segurisa firmó cinco contratos con el sector público. Dos de ellos en el periodo en el que Arias-Salgado era diputado y consejero de Segurisa-Sagital. Así, el 15 de septiembre de 1993, la compañía suscribió dos contratos con el Patrimonio Nacional (dependiente del Ministerio de Presidencia), uno por importe de 12.228.272 pesetas para vigilar los jardines de La Granja (Segovia) y otro de 12.591.488 pesetas con el mismo objeto, en el Palacio y el Parque de Riofrío.
Además de los dos contratos mencionados, Segurisa firmó otro el día 4 de mayo de 1993 para vigilar los edificios del Organismo Nacional de Loterías hasta el 30 de junio de 1994. El importe de este contrato, también de adjudicación directa, fue de 129.443.098 pesetas.
