El ex secretario de Cepymev dice que no gestionaba las ayudas
El ex secretario general de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev), Jesús López, no contribuyó ayer en el juzgado a esclarecer el escándalo de los fondos de formación. Minimizó la importancia de su cargo, limitó su labor para la consecución de subvenciones a la de mero intermediario y negó, expresamente, que una de sus labores fuera la de controlar y supervisar el destino de los fondos públicos supuestamente utilizados de manera irregular.
"Está todo ya prácticamente justificado". López, que actualmente trabaja para la Organización Internacional del Trabajo en Costa Rica, salió del juzgado tranquilo y sonriente. Durante poco más de una hora insistió ante el juez y el fiscal anticorrupción encargado del caso -ayer, en sustitución de Vicente González, Alejandro Luzón - en su nula capacidad de decisión al frente de Cepymev y su total desconocimiento de las posibles irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. De hecho, López, de 34 años, se enteró del inicio de las pesquisas por la prensa, concretamente a "través de los periódicos e Internet", medio de comunicación que utiliza para informarse en su actual residencia. A pesar de ello, o precisamente por ello, reiteró en varias ocasiones que su función a la hora de gestionar la consecución de ayudas públicas era de mero intermediario. Los asociados de Cepymev solicitaban un curso determinado; el secretario general elevaba esa solicitud a la Consejería de Trabajo y ésta, en caso de dar el visto bueno, transfería el dinero concedido a la patronal, que directamente lo enviaba al solicitante del curso, explicó López. Falta de concreción Mientras, su abogado, Juan Carlos Navarro Valencia, explicó que su cliente es un testigo que acudió ante el juez con "garantías de imputado". Esta figura legal implica la inexistencia de pruebas que incriminen a López en la comisión de algún delito. El ex secretario general de Cepymev -desempeñó el cargo entre abril de 1991 y octubre de 1995- fue el primero de los comparecientes que no citó, ni directa ni implícitamente, a Espinosa. A pesar de que rebajó la carga competencial de su puesto, no fue capaz de concretar qué miembros de los órganos directivos de Cepymev o qué responsables de los asociados manejaron directamente las subvenciones públicas. Eso sí, atribuyó a los técnicos de la Inspección de Trabajo la responsabilidad de controlar la realización efectiva de los cursos, o sea, el uso correcto de las subvenciones. Simultáneamente, subrayó que los fondos de formación utilizados por Cepymev procedían, en todos los casos excepto uno -un curso organizado junto con UGT- de la Generalitat, nunca de la Fundación para la Formación Continua. La Fiscalía Anticorrupción investiga si la patronal valenciana delinquió, entre 1993 y 1995, al utilizar irregularmente cerca de 400 millones de pesetas concedidos para financiar la formación de cientos de trabajadores.
Los abogados de Luis Espinosa no acuden a ninguna de las declaraciones
El magistrado, el fiscal anticorrupción y los abogados de cuatro de los cinco imputados por las supuestas irregularidades detectadas en el uso de los fondos de formación manejados por la patronal valenciana han pasado ya tres mañanas en el juzgado. El juez, atendiendo los deberes del instructor del caso; el representante del ministerio público, llevando el peso de los interrogatorios, y los letrados de los ex dirigentes de CEV y Cepymev -además del abogado que representa a las dos organizaciones- realizando las preguntas pertinentes (insistiendo en un punto, solicitando matizaciones en otro, acotando responsabilidades en casi todos) en defensa de sus clientes. Todo normal, y una pregunta, reformulable en varias, en el aire: ¿Dónde están los abogados de Luis Espinosa?; ¿por qué el exsecretario general de la CEV favorece que algunos de los supuestos implicados carguen la responsabilidad sobre él sin que sus letrados puedan rebatir esas tesis? La respuesta la tiene el ex secretario general de la CEV. De forma subsidiaria, sus abogados - es el único imputado que tiene dos- aunque ni Ignacio Lloret ni David Castillo quisieron atender las llamadas de éste periódico. No obstante, en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ronda otra teoría. Espinosa defiende ante sus superiores de la Agencia de Cooperación Internacional -tal como afirmó Abel Matutes, ministro de Exteriores, en el Parlamento- que es un mero testigo. En consecuencia, una pregunta puede responder a a otra. ¿Por qué iba un testigo a contratar a un abogado?
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