La ACB exige que se aclare quién debe pagar la protección del alto horno

La Acería Compacta de Bizkaia (ACB) ha pedido al Gobierno que aclare quién debe encargarse y costear el hipotético traslado del horno número 1 de Altos Hornos de Vizcaya (AHV), declarado bien protegido en septiembre pasado. La ACB considera que en el régimen de protección, que aceptaba el cambio de emplazamiento del horno para su conservación, dichas cuestiones "no están lo suficientemente aclaradas". Para este año se prevé que la consejería de Cultura declare monumento la emblemática instalación.

Los trámites de protección de uno de los hornos de AHV en Sestao se acercan a su final. En septiembre pasado, el Departamento de Cultura acordó incoar un expediente de protección sobre un área de 2.800 metros cuadrados de Altos Hornos en Sestao (entre los 400.000 metros cuadrados de las instalaciones), que incluía uno de los dos hornos gemelos y elementos auxiliares, como tres estufas, el colector de gases, el sistema de depuración y la nave de colada. Esta medida levantó polémica, puesto que la ACB, que utilizará el área de AHV para su próxima ampliación, argumentó que le causaba graves afecciones, al imposibilitar el acceso ferroviario. Estas quejas se presentaron en sus alegaciones al expediente. El pasado febrero, Cultura definió el régimen de protección y aceptó un traslado del horno, pero bajo estrictas condiciones: que sea a un entorno próximo y con similares condiciones al actual. El departamento incidía en que el cambio de emplazamiento se realizaría "a instancia del interesado afectado", lo que apunta a la ACB. Al nuevo periodo de alegaciones ya cerrado, la acería ha respondido que "no está lo suficientemente aclarado quien lo tiene que trasladar y el régimen economico", según afirmó un portavoz oficial. En este caso los problemas jurídicos pueden suscitarse puesto que el propietario de los terrenos es AHV, una empresa latente en periodo de disolución; Aceralia es la empresa accionista mayoritaria en la ACB y ésta es la afectada directamente. La ACB no ha variado su postura sobre la financiación de la conservación del horno alto, que a su juicio debe recaer en la Administración al tratarse de un bien común. El Gobierno sostiene que los costes deben asumidos por los propietarios. Las discrepancias entre ambas partes han llegado también a la valoración de los trabajos de conservación. El Ejecutivo autónomo ha afirmado que, según experiencias similares en otros países europeos, rondarían los 100 millones de pesetas, mientras que la acería calcula que superaría los 500 millones "a lo que cabría añadir unos importantes costes de traslado". Tras este último plazo de alegaciones, Cultura deberá examinarlas y decidir cuáles incluye en el régimen de protección. El siguiente paso será la declaración definitiva de monumento que será aprobada por la consejera. Fuentes del departamento señalaron que dicha declaración se pretende realizar antes de que finalice este año. El horno, de 80 metros de altura, se inauguró en 1959 y el importante desgaste que sufría obligaba a renovarlo cada cinco o seis años. Hasta su apagado definitivo en 1995 sufrió cinco reconstrucciones. Su protección se ha justificado por seis criterios diferentes: históricos, tecnológicos, iconográficos, paisajísticos, sociales y didáctico-culturales.