Un testigo admite en el juicio de las escuchas que actuó como los acusados

El juicio por las escuchas del Cesid continuó ayer en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid con la declaración de los dos últimos imputados, José María Vida Molina y Julio López Borrero, y el primer testigo, Andrés Fernández Baena. Las declaraciones de los tres fueron prácticamente idénticas, con la diferencia de que sólo los dos primeros se sientan en el banquillo.Sin embargo, Fernández Baena, destinado en el Gabinete de Escuchas del Cesid en 1992 y 1993, reconoció que, como sus antecesores, hacía barridos del espacio radioeléctrico con ayuda de un escáner y grababa conversaciones de teléfonos móviles, aunque no era técnicamente posible seleccionar un número concreto. Menos cohibido que sus ex compañeros, dijo cuando se le preguntó qué criterio tenía para saber si una conversación interesaba a la División de Economía del centro: "A lo mejor, si oigo hablar de un contrato de 10.000 millones, lo habría grabado".

Golpe de efecto de Santaella

La sesión se inició con un golpe de efecto del abogado del ex coronel Juan Alberto Perote, Jesús Santaella, quien aportó, para su incorporación a la causa, dos documentos -un informe elaborado en diciembre de 1994 y una denuncia presentada en junio de 1995- que demostrarían, a su juicio, que el ex jefe del Gabinete de Escuchas del Cesid, Juan Manuel Navarro Benavente, fue presionado para que divulgase las actividades del servicio secreto.El abogado de Perote aseguró que ambos documentos fueron entregados a la Fiscalía de Madrid y que ésta no los aportó al juez, lo que podría violar el derecho a la defensa de su cliente.

Los documentos aportados por Santaella -que ya intentó presentar, al inicio de la vista, la letrada de Pedro J. Ramírez- fueron elaborados por el policía José Villarejo, quien trabajó como detective privado para el ex banquero Mario Conde, entre otros. Su objetivo es desviar hacia Navarro Benavente, fallecido recientemente, las sospechas de haber filtrado al diario El Mundo las escuchas.

La existencia de un pacto, tácito o implícito, entre todos los acusados para atribuir al fallecido la mayor responsabilidad en el funcionamiento del Gabinete de Escuchas está haciendo que el juicio no sólo no esté arrojando luz sobre lo sucedido, sino que confunda incluso lo que parecía claro durante la instrucción.

Este pacto sólo pareció quebrarse ayer, aunque sin consecuencias, cuando Julio López Borrero, jefe de Área del Cesid, afirmó, aludiendo presumiblemente a Perote: "Sin confianza no hubiéramos podido trabajar, lo malo es cuando se quiebra, cuando la quiebra alguien..."

El agente José María Vida Molina, tras negarse a contestar a las preguntas del diputado Pablo Castellano, que actúa en el juicio como acusador particular, dijo que jamás recibió una orden que rozara la legalidad, ya que en caso de duda habría exigido que se le diese por escrito.